El PRO presiona para tratar 15 proyectos de ley propios
En medio del feroz enfrentamiento entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y la secretaria parlamentaria, Silvana Giudici, enviaron este martes una carta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para presionar por el tratamiento de 15 proyectos de ley "impulsados por el PRO".
Un mensaje sutil y elogioso
Con un lenguaje sutil y un texto lleno de elogios, la carta intenta ubicar al PRO en la vanguardia del "cambio" en la agenda política. "Gracias a nuestro compromiso, la Ley de Bases y el paquete fiscal han obtenido la aprobación definitiva, proporcionando al Gobierno nacional las herramientas necesarias para implementar su plan de gobierno", afirman Ritondo y Giudici en la carta.
"Estoy convencido de que trabajando sobre esta agenda que venimos impulsando desde el PRO hace tiempo, podemos lograr resultados más significativos y efectivos, con leyes que sean más beneficiosas para la ciudadanía", agregaron.
El PRO quiere marcar su perfil propio
Luego de seis meses de un alineamiento casi sin fisuras con La Libertad Avanza (LLA), el PRO decidió marcar una sutil diferenciación impulsando su propia agenda parlamentaria. Lo hace horas después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmara que LLA "ya absorbió" al electorado del PRO, y antes de que el flamante ministro Federico Sturzenegger asuma su cargo.
El objetivo: desregular y transformar el Estado
El titular del inaugurado Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado busca medir en el Congreso la fidelidad de las alianzas provisorias que alcanzó el oficialismo. En su asunción, remarcó la "democracia vibrante que está viviendo Argentina" y es en el ámbito parlamentario donde quiere concretar sus dos objetivos: desregulación para la libertad económica ("Argentina está sobrecargada de normas") y transformación del Estado ("cada peso que gasta el sector público es un peso que alguien paga"). Allí es donde operaría la ley Hojarasca, la motosierra de índole normativa del Gobierno.
"Es un compendio de leyes que hemos encontrado que han quedado obsoletas y afectan al derecho de la propiedad. Son varias decenas de leyes", dijo el ministro al asumir y repite cuando tiene oportunidad. Ejemplos que, efectivamente, en el siglo XXI parecen impracticables: el control de las palomas o la normativa de prioridad de mochileros.
Sin embargo, trascendidos apuntan a su intención de reavivar proyectos que habían provocado resquemor en los paquetes de reformas de diciembre del 2023: la eliminación del precio único de venta al público para el sector editorial y de las regulaciones que protegen a las industrias del azúcar y el limón.