El pacto del PSC con ERC para investir a Illa en la presidencia de la Generalitat genera recelos en el PSOE

Tres días después de que la dirección de ERC anunciara un acuerdo con el PSC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat a cambio de dotar a Cataluña de un sistema propio de financiación, fuera del régimen común autonómico, la inquietud por el contenido y las consecuencias de ese pacto se extiende en el PSOE. Las dudas y el desconcierto deslizados en sordina —salvo excepciones— en las primeras horas han dado paso a críticas abiertas.

Polémica sobre la financiación

El acuerdo aún está pendiente de ser ratificado por los 8.700 afiliados de ERC, que votarán mañana viernes. El Gobierno de Asturias, presidido por el PSOE, ha expresado este jueves su 'rechazo' al pacto alcanzado con ERC por el PSC y que compromete al Gobierno central porque es quien tendría que activar los cambios en el modelo de financiación. "Este preacuerdo incluye una suerte de concierto fiscal para Cataluña y nuestra respuesta, en coherencia, tiene que ser la misma [de siempre]: rechazo a que cualquier comunidad abandone el régimen común a través de un concierto fiscal", ha anunciado el portavoz del Ejecutivo asturiano y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

En declaraciones en Oviedo a varios periodistas recogidas por Efe, Peláez ha considerado que ese concierto supondría una “merma” de los recursos del Estado, impondría un “límite a la solidaridad” y significaría “caminar hacia un modelo de financiación que únicamente tenga en cuenta la capacidad fiscal de los territorios”.

Críticas de otros dirigentes socialistas

Otro dirigente territorial socialista, el extremeño Miguel Ángel Gallardo, ha pedido al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que convoque un Consejo de Política Federal para que los representantes autonómicos del partido puedan debatir el acuerdo. Gallardo ha aseverado que la “llave de la caja” de la financiación la debe conservar el Estado.

"Si cada comunidad tiene una copia, cada uno meterá la mano, no en función de sus necesidades, sino de las oportunidades", ha dicho.

El pasado martes, al día siguiente de que ERC anunciara el acuerdo, sólo dos dirigentes territoriales del PSOE se mostraron frontalmente en contra: García-Page y el aragonés Javier Lambán. El miércoles se sumó, con tono más contenido, Luis Tudanca, secretario general del partido en Castilla y León, que avisó de que no va “a tolerar ni a defender que haya un sistema singular que perjudique los intereses” de su comunidad. Juan Espadas, secretario general en Andalucía, y Juan Lobato, el líder del partido en Madrid, hicieron patentes sus dudas, aunque confiando en que finalmente el pacto establezca contrafuertes para garantizar la solidaridad entre regiones.

Posición del Gobierno asturiano

La posición adoptada por Asturias este jueves es especialmente significativa porque se trata de una de las tres únicas comunidades autónomas cuyos gobiernos preside el PSOE —junto a la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page y la Navarra de María Chivite—. Además, el presidente asturiano, Adrián Barbón, es un fiel aliado de Pedro Sánchez.

El portavoz del Gobierno asturiano ha puntualizado que la “cláusula de solidaridad” que incluye el preacuerdo entre el PSC y ERC debe valorarse con “mucha prudencia”, porque el propio documento dice que estará “limitada” por el principio de “ordinalidad” y condicionada a que las otras comunidades hagan un “esfuerzo fiscal semejante” al de Cataluña.

A juicio del consejero asturiano, la ordinalidad (esto es, que la comunidad que aporta a la solidaridad no caiga puestos en financiación per cápita después de hacerlo) “no debe primar a la hora de asignar los recursos entre las comunidades”.

La voz de Extremadura

También ha mostrado este jueves su intranquilidad el PSOE extremeño. El secretario general del partido en esa comunidad, Miguel Ángel Gallardo, que el martes ya había expuesto sus recelos ante el pacto con ERC, ha pedido a Pedro Sánchez que convoque el Consejo de Política Federal para debatirlo.

"En este órgano estamos representadas todas las comunidades autónomas y es el lugar para dialogar y definir nuestra postura sobre la financiación autonómica”, ha afirmado Gallardo.

El dirigente extremeño ha recordado que todos los socialistas, incluidos los catalanes, firmaron en 2013 la declaración de Granada, ratificada cinco años después en Barcelona.

“En ese momento los socialistas decidimos impulsar a través de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera una mesa de negociación política que buscara un acuerdo sobre un sistema de financiación más justo y equitativo para todos, adaptándolo a las realidades del siglo XXI”, señala.

Según esos acuerdos, interpreta Gallardo, las reformas del sistema de financiación deben garantizar la autonomía financiera, la solidaridad y la coordinación interterritorial.

“Creemos que los ciudadanos son iguales a todos los efectos, sin diferencia de dónde sean. En Extremadura viven personas con rentas más bajas que en otras regiones como Madrid o Cataluña. Los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios, y cualquier reforma tiene que respetar la igualdad”, ha remachado.

El PSOE de Extremadura confía en que ningún socialista en España va a poner en riesgo los principios de igualdad y justicia social que han regido históricamente el partido.