La Fiscalía registra el despacho del fiscal general del Estado para incautar sus correos

El juez instructor del Tribunal Supremo encargado de investigar por revelación de secretos al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha ordenado el registro de su despacho. En un auto dictado el 30 de octubre, el juez Ángel Luis Hurtado ha instado a la Guardia Civil a incautar los teléfonos móviles y todos los dispositivos de García Ortiz, así como a recabar toda la documentación en soporte digital o papel sobre la investigación.

Según fuentes del caso, el registro ya se está llevando a cabo. Además, el instructor ha declarado secretas las actuaciones y ha pedido a García Ortiz que designe a su abogado y a su procurador.

En la misma resolución, el juez ha dado traslado a las acusaciones populares personadas —la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— para que, en el plazo de cinco días, se pronuncien sobre si creen que deben agruparse todas las acusaciones en una, como permite el artículo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El instructor deja pendiente el pronunciamiento sobre las diligencias solicitadas por Alberto González Amador

El instructor ha dejado pendiente el pronunciamiento, que resolverá en una resolución aparte, sobre las diligencias que ha pedido practicar Alberto González Amador (que ejerce la acusación particular). González Amador ha solicitado al juez que investigue las comunicaciones por correo electrónico entre el fiscal general y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, investigada en la misma causa en el Supremo.

El instructor también ha pospuesto su decisión sobre la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado Manos Limpias.

El registro es un trámite preceptivo para delitos castigados con menos de nueve años de prisión

El paso dado por el instructor es un trámite preceptivo que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los delitos castigados con menos de nueve años de prisión (el de revelación de secretos conlleva penas de uno a cuatro años). La apertura de diligencias previas tiene como objetivo “confirmar o descartar los indicios suficientes de criminalidad” y el “grado de participación” de los querellados, explica el juez en su auto.

En el auto, el juez también reclama a García Ortiz que nombre a un abogado y a un procurador que se encarguen de su defensa y representación, “a fin de no generarle indefensión”, lo que supone emplazar al fiscal general para que se persone como investigado (antigua figura de imputado). La fiscal provincial ya ha anunciado que estará representada por la Abogacía del Estado.

El auto es el primero que dicta el juez Hurtado desde que fue designado instructor de la causa

Este auto es el primero que dicta el juez Hurtado desde que, el pasado 15 de octubre, fuera designado, por turno de reparto, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado. La Sala de Admisión dio ese paso al considerar que existen indicios de que García Ortiz pudo filtrar a varios medios de comunicación, a última hora del pasado 13 de marzo, un correo electrónico que había enviado el abogado de González Amador el 2 de marzo a la Fiscalía Provincial de Madrid.

En ese email, el letrado comunicaba que, de común acuerdo con su cliente, este asumía la comisión de dos delitos fiscales “reconociendo íntegramente los hechos” y se comprometía a pagar la cuota defraudada e intereses de demora.

El Supremo no tiene pruebas de quién filtró este correo, pero sí de que García Ortiz y la fiscal jefa provincial lo tenían desde esa misma noche del 13 de marzo, y en eso basa el tribunal sus indicios de que ambos pudieron incurrir en un delito de revelación de secretos (artículo 417 del Código Penal), que castiga a la autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de oficio o cargo y que no deban ser divulgados.

La difusión del correo permitió desmentir un bulo sobre un pacto con la pareja de Ayuso

La difusión de ese correo permitió desmentir un bulo que había lanzado el entorno de la presidenta madrileña, según el cual, era la Fiscalía quien había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso y después había retirado la oferta “por órdenes de arriba”, en referencia a García Ortiz. Ante el revuelo que causó esa información falsa, la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado en la mañana del 14 de marzo en el que explicaba que en realidad había sido el abogado quien, más de un mes antes, había tratado de alcanzar ese acuerdo con el Ministerio Público, un procedimiento habitual por el que los acusados reconocen sus delitos (la pareja de Ayuso admitía haber cometido dos delitos fiscales) a cambio de una rebaja de la pena que le correspondería.

González Amador se querelló por esa nota de prensa contra el fiscal del caso, Julián Salto, y la fiscal provincial al considerar que la nota incurrió en un delito de revelación de secretos porque incluía datos personales. El Supremo, sin embargo, descartó este argumento porque, según los jueces, toda la información que contenía ese comunicado había sido ya publicada por varios medios de comunicación desde la noche antes. Pero la Sala Penal sí consideró que había que investigar cómo llegó a los medios el correo enviado por la Fiscalía a González Amador.

El instructor tendrá que determinar si se produjo una filtración desde la Fiscalía y, en caso afirmativo, quién la llevó a cabo. La investigación también tratará de esclarecer si la difusión del correo vulneró el secreto de las actuaciones judiciales.

El caso ha generado una gran expectación mediática y política, ya que es la primera vez que se investiga a un fiscal general del Estado en ejercicio por un delito de revelación de secretos.