El TEPJF confirma sentencias contra Samuel García por violar el proceso electoral
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las sentencias contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por vulnerar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como por el uso indebido de recursos públicos en favor de las candidaturas de Movimiento Ciudadano al Senado y a la Presidencia.
Vulneración a la equidad y uso indebido de recursos
El proyecto, aprobado por unanimidad, señaló que García utilizó sus redes sociales para vulnerar la equidad del proceso electoral al pedir el voto a favor de los candidatos de su partido y utilizar recursos estatales al asistir en su condición de gobernador a reuniones en las que también participó Jorge Álvarez Máynez, entonces candidato al Senado.
El fallo del TEPJF declaró la existencia del uso indebido de recursos públicos y del incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), atribuidas a Samuel García y a Jorge Álvarez Máynez, así como un beneficio electoral indebido a Movimiento Ciudadano.
Una publicación en Facebook mostró a García en un evento con embajadores de la Unión Europea en México, junto a Álvarez Máynez y el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.
Décima resolución contra García
Esta sentencia representa la décima resolución en contra de García por motivos electorales impuestas por autoridades locales y federales. El 9 de octubre pasado, el TEPJF lo multó por publicar mensajes a favor de los candidatos al Senado Martha Herrera y Luis Donaldo Colosio, y por organizar un supuesto sorteo de una camioneta Tesla en favor de Álvarez Máynez.
"Se determinó la existencia de la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la competencia electoral, por la difusión de propaganda electoral a favor de las candidaturas de MC al Senado de la República en la aludida entidad federativa", sostiene la sentencia confirmada por los magistrados.
La decisión del TEPJF reafirma la importancia de garantizar la equidad y transparencia en los procesos electorales, evitando el uso indebido de recursos públicos y la vulneración de los principios democráticos.
