El Tribunal Constitucional absuelve a ex altos cargos de la Junta de Andalucía por los ERE

El Constitucional considera que la condena vulneró sus derechos fundamentales

El Tribunal Constitucional ha comenzado a dictar una serie de sentencias sobre el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Andalucía que dejará sin efecto gran parte de las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo a una quincena de ex altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE por delitos de prevaricación y malversación.

Miguel Ángel Serrano Aguilar es el primero en ser absuelto

El primer recurso resuelto ha sido el de Miguel Ángel Serrano Aguilar, exdirector de la Institución de Fomento de Andalucía (IFA) y luego de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), que fue condenado a seis años y medio de prisión y a 17 años de inhabilitación por ambos delitos. Serrano Aguilar ingresó en la cárcel en enero de 2023.

El Constitucional, en una sentencia que ha salido adelante por 7 votos a 4, le concede amparo al considerar que la condena vulneró sus derechos fundamentales. En su caso, como en el del resto de condenados a penas de prisión, la resolución del órgano de garantías implicará su excarcelación.

El Constitucional anula la condena por prevaricación

El Constitucional sostiene que la condena al ex alto cargo de la Junta respondió a una incorrecta interpretación de la ley por parte de la Audiencia Provincial y del Supremo. Por ello, ordena retrotraer el procedimiento para que la Audiencia sevillana elabore un nuevo fallo, que en el caso de Serrano Aguilar tendrá que traducirse, según fuentes del Constitucional, en una sentencia absolutoria.

El Constitucional también anula la condena por malversación

El Constitucional estima que la condena por el delito de malversación es contraria al derecho a la legalidad penal. Como en el caso de las ponencias preparadas para resolver otros recursos de los ERE, la sentencia sobre el exdirector del IFA subraya que el acusado se limitó a aplicar una ley que debía considerarse “válida” en la medida en que no había sido declarada inconstitucional, porque nunca fue recurrida.

La condena por dicho delito, por tanto, supone una “interpretación imprevisible” de la ley, ya que los hechos juzgados “estaban amparados en lo dispuesto en el programa 3.1 L incorporado a las distintas leyes de presupuestos”.

El tribunal también estima vulnerado el derecho de presunción de inocencia porque ni la Audiencia de Sevilla ni el Supremo argumentaron la relación de la conducta del acusado “con aquellas actuaciones que supongan una disposición de fondos públicos para fines distintos a los previstos en el referido programa”.

El caso de los ERE

El caso de los ERE fraudulentos, que afectó de lleno al PSOE andaluz —con dos históricos socialistas condenados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán— y fue utilizado como arma de oposición por el PP durante años, se saldó en 2022 con la condena ratificada en el Supremo a 15 ex altos cargos de la Junta. Tres más, que habían sido condenados por la Audiencia Provincial en 2019, fueron absueltos por el Supremo, y otro falleció. Seis de los condenados permanecen en prisión.

Aquella sentencia sostenía que, entre los años 2000 y 2009, el Gobierno andaluz urdió un “sistema fraudulento” dotado con 680 millones de euros que, en medio de un “descontrol absoluto”, repartió fondos a empresas en crisis para garantizar la “paz social”.

De los 15 condenados, 12 presentaron recurso ante el Constitucional. El de Serrano Aguilar es el tercero que resuelve el órgano de garantías, tras el de la exconsejera Magdalena Álvarez (a quien concedió amparo parcial) y el del exconsejero José Antonio Viera (que fue desestimado de plano). El resto serán resueltos antes de agosto.