El turismo descontrolado se ha convertido en un problema global

El turismo descontrolado que ha surgido tras la pandemia se ha convertido en un problema global que se reproduce con la misma intensidad en España que en otros grandes destinos como Roma, Venecia, Ámsterdam, París o Nueva York. Tasas, restricciones a los cruceros, moratorias hoteleras o la prohibición de plataformas de alquiler de pisos como Airbnb son algunas de las medidas aplicadas. Todas con escaso éxito, por ahora.

Solo algunos destinos en el mundo han logrado corregir parcialmente esos problemas con medidas drásticas e impopulares. Japón fue pionera al eliminar toda la oferta ilegal en Airbnb bajo la amenaza de acabar con su negocio en 2018. Y Bután, un país con una superficie inferior a la de Extremadura, impuso una tasa prohibitiva de 200 dólares por turista y día, que rebajó a principios de este año a 100 dólares, para frenar la llegada masiva de viajeros.

La pregunta parece obvia: ¿Se puede frenar el turismo? ¿Qué pueden hacer los grandes destinos para corregir la masificación? En España, Baleares lo ha intentado todo. Y casi todo ha sido en vano. Fue la primera autonomía que implantó en 2016 una ecotasa, cuyo importe varía de uno a cuatro euros por día; también fue pionera a la hora de congelar en 2022 el número de plazas de alojamiento tanto en hoteles como en viviendas; innovó al prohibir el alquiler turístico en edificios plurifamiliares, y también es la única comunidad donde un ayuntamiento, el de Palma, ha firmado un acuerdo con la patronal mundial de cruceros (CLIA) para limitar la llegada de estas embarcaciones al puerto de la ciudad.

Ahora solo pueden atracar tres embarcaciones por día, de las cuales únicamente una puede tener capacidad para más de 5.000 pasajeros. Pero, pese a estas medidas, entre enero y abril la llegada de turistas ha marcado un máximo histórico. En esos cuatro meses se han rozado los dos millones de viajeros, casi 205.000 más que en el mismo periodo de 2019.

El rechazo a los pisos turísticos

Los pisos vacacionales están en el punto de mira de los destinos, de la industria turística e incluso de los colectivos sociales. Todos los culpabilizan por un modelo que prioriza el crecimiento descontrolado y que ha restado derechos a la población.

“Es necesario poner límites. En Canarias se ha pasado de 5.000 a 53.000 viviendas de uso turístico en tan solo un año”, recalca Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, una de las organizaciones más activas en las protestas que vivió el archipiélago a finales de abril.

Reyes concentra las críticas en los nuevos propietarios y gestores de los activos: “El turismo en Canarias tiene 100 años de historia y nunca ha generado problemas de convivencia con los vecinos. El conflicto ha surgido con la irrupción de fondos buitre que hacen miles de viviendas de 21 metros cuadrados que por su tamaño no están dirigidas a la población residente, sino a los turistas”.

El Ayuntamiento de Barcelona aprobó una moratoria hotelera en 2017, aún en vigor, que se sumó a la que desde 2014 pesa sobre las licencias de pisos turísticos. No ha bastado: la semana pasada anunció su intención de acabar con todas las viviendas vacaciones en cinco años.

Este viernes aumentaba la apuesta: la ciudad subirá de 3,25 a 4 euros (el máximo posible) la tasa turística para todas las modalidades de alojamiento. Solo PP y Vox (seis concejales de 41) votaron en contra.

¿Es posible frenar el turismo de cruceros?

El otro gran sector bajo el dedo acusador de la masificación es el de los cruceros. Venecia los ha reducido a la mínima expresión, Palma solo acepta tres al día y Barcelona, el principal puerto en Europa, trata de reducir las llegadas.

“La resolución del conflicto entre turistas y vecinos depende de muchos factores. En Venecia, por ejemplo, había muchos cruceristas hace cinco años y ahora han quedado reducidos a la mínima expresión por las restricciones. Pese a haber casi desaparecido, la situación de congestión turística ha empeorado”, destaca Afredo Serrano, director de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros en España (CLIA, por sus siglas en inglés).

“Culpar a los cruceros del turismo masivo es un error, porque no representan más del 4% de los viajeros”, enfatiza.

Precisamente, Venecia ha implementado una de las medidas más novedosas para reducir la llegada de turistas, que consiste en aplicar una tasa de 5 euros que deberán pagar los visitantes de un día, es decir, los que no pernoctan en la ciudad. El proyecto está en fase de ensayo hasta mediados de julio, aunque en los primeros ocho días en vigor ya se superó la recaudación prevista para los tres primeros meses de prueba (723.000 euros), lo que sugiere que el objetivo de reducir las entradas no se ha alcanzado según lo esperado.

Ámsterdam, en cambio, ha apostado por un enfoque más integral con la puesta en marcha de un centenar de medidas dispuestas para lograr, dicen los portavoces del consistorio, una urbe “habitable, limpia y sostenible” sin culpar a los viajeros. En el caso de los hoteles, solo podrá construirse uno nuevo si antes cierra otro, pero los que ya están aprobados en planes anteriores (unos 20) seguirán adelante. En el caso de los cruceros, la terminal de pasajeros tendrá un solo puesto de atraque, y a partir de 2027 los barcos deberán usar energía eléctrica en tierra. Para 2035 está previsto el traslado de la terminal a un punto más alejado del centro. El Ayuntamiento se ha comprometido a analizar las consecuencias financieras de estas decisiones.