Indignación y preocupación en Barcelona por la seguridad de los taxistas
El incidente de Auri, sumado a ataques anteriores, ha llevado a los miembros del colectivo taxi a aumentar la presión sobre las autoridades del Instituto Metropolitano del Taxi (IMET). A pesar de la prohibición actual, algunos taxistas, ante la percepción de desprotección, han optado por instalar cámaras de manera clandestina, a riesgo de sanciones, con la esperanza de que las grabaciones sirvan como medida disuasoria y como prueba en caso de delitos.
La situación llega en un momento en que el clima de inseguridad y la notoriedad de los incidentes han crecido, evidenciado por las grabaciones que circulan en redes sociales y medios de comunicación, poniendo a Barcelona y a su sistema de taxis en el centro de la discusión sobre seguridad urbana.
Un llamado a la acción y regulación urgente
La situación se complica aún más con el estado obsoleto de la tecnología actual que vincula a los taxistas con el sistema de emergencias, por lo que se requiere no solo la implementación de videovigilancia, sino también una actualización de los sistemas de seguridad y conexión con las fuerzas del orden.
Esta demanda de seguridad se ha extendido también al ámbito político, donde representantes han comenzado a mostrar solidaridad con el gremio. La cuestión ahora estriba en si las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias para proteger a los taxistas y evitar incidentes similares en el futuro.