Investigan red internacional de tráfico de bebés con epicentro en Buenos Aires

La Justicia argentina investiga una red internacional dedicada al tráfico de bebés, que explotaba a mujeres gestantes mediante la práctica de la subrogación de vientres y luego comercializaba a los niños nacidos por ese método.

La investigación comenzó a principios de año, a raíz de la denuncia de la titular de la Dirección de Contencioso del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, por el caso de una mujer alemana de 58 años que se presentó en un hospital de Alemania con una niña de tres meses nacida en Argentina, pero que se encontraba en pésimas condiciones de salud.

La investigación permitió determinar que el nacimiento de la menor fue inscripto en el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires al amparo de una disposición que habilitó este tipo de inscripciones en términos preventivos.

También se estableció que el proceso de fertilización fue realizado en una institución médica privada de Buenos Aires, donde se llevó a cabo el tratamiento de gestación por sustitución y se identificó a la gestante.

A partir de este caso, la Justicia realizó una serie de medidas que permitieron identificar una mecánica empresarial ilícita, desarrollada a nivel nacional e internacional, dedicada a llevar a cabo tratamientos de gestación por sustitución en Argentina.

La investigación apunta a cuatro centros de fertilidad en Capital Federal y dos en la ciudad de Rosario, donde las gestantes se hacían los tratamientos de fertilidad y también la in vitro.

También se allanaron siete escribanías donde se firmaba el "consentimiento" por parte de las gestantes antes del procedimiento y al momento de producirse el parto, y tres estudios jurídicos que representaban a las gestantes o a los comitentes.

Además, se libraron órdenes de presentación respecto de cinco maternidades de la ciudad de Buenos Aires donde se llevaron adelante los nacimientos.

Modus operandi

Las personas y empresas involucradas en la red hacían publicidad de los servicios que brindaban a través de distintas vías de comunicación en el extranjero, mediante las cuales parejas que deseaban tener hijos contactaban a los intermediarios, quienes les ofrecían un "servicio" denominado "Programa Argentina" con un valor aproximado de U$S 50.000.

Este incluía la selección de la persona gestante, la adquisición de los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto.

La otra cara de este "negocio" era el sistema de reclutamiento de las gestantes, que consistía en que las empresas contactaban a mujeres a través de redes sociales, aprovechando sus necesidades socioeconómicas.

A las gestantes se les ofrecía la suma de U$S 10.000 por llevar adelante la gestación, monto al que sumaban un "plus" de entre U$S 1.000 y 2.000 si el parto fuera por cesárea.

Si por cualquier circunstancia el embarazo resultara interrumpido, las empresas involucradas se negaban a devengar pagos, excepto los montos que se hubieran abonado por gastos mínimos mensuales.

Según las fuentes consultadas, de este modo los actores involucrados se aprovechaban de la situación de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres, ofreciéndoles dinero a cambio de realizar los intentos necesarios para provocar un embarazo, transitar el embarazo con todos los controles correspondientes y entregar al niño nacido por esta práctica.

Todo esto sin contar las posibles consecuencias físicas y emocionales que puede tener este tipo de prácticas en las mujeres gestantes.

El propósito final de esta red era la inscripción registral del niño/a y su posterior entrega a una pareja, en muchos casos de origen extranjero y sin residencia en el país, con quien no tenía ningún vínculo genético, cultural ni social.

Delitos investigados

El Ministerio Público Fiscal consideró que en el caso se encuentran en juego el artículo 145 bis del Código Penal, que prevé penas para quienes exploten a mujeres mediante la práctica de gestación por sustitución, y el artículo 127, que castiga la comercialización de niños y niñas.

Además, se investiga la comisión de delitos contra la fe pública por hacer insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas, y delitos de trata de personas.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal a cargo de María Alejandra Mángano, con colaboración de la PROTEX.