El PP impide la comparecencia de expertos sobre la gestión de las residencias durante la pandemia

El Partido Popular (PP) ha anunciado que utilizará su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid para impedir la comparecencia ante la Cámara de los integrantes de la comisión ciudadana que concluyó en marzo de 2022 que se podrían haber evitado hasta 4.000 muertes de ancianos en las residencias durante lo peor de la pandemia de la COVID-19. Este lunes, la Mesa de la comisión de Familia y Asuntos Sociales, dominada por los conservadores, rechazó la intervención en el Parlamento de María Victoria Zunzunegui, convocada por Más Madrid como experta en epidemiología y geriatría.

"Censura preventiva"

Para Emilia Sánchez, diputada del partido que lidera la oposición, se trata de un caso inédito de "censura preventiva", ya que "se la veta por si acaso" habla del informe sobre las residencias. El PSOE teme que se esté usando "un sesgo ideológico" de manera "adivinatoria". Y el PP, por su parte, simplemente da por hecho que se hablaría del informe, y contrapone que aplica el reglamento frente a un organismo no reconocido que fiscaliza a un gobierno que, a su juicio, ya no existe, pues es de una legislatura anterior.

El informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, conformada por familiares, juristas y expertos sanitarios, hizo público en marzo de 2022 un informe sobre la muerte de 7.291 mayores en las residencias durante la pandemia. Las conclusiones más relevantes del documento, basado en cientos de testimonios de afectados, familiares y peritos, apuntaron a una actuación "inadecuada" del Gobierno regional por restringir el número de derivaciones a hospitales durante lo peor de la pandemia. Durante la crisis sanitaria, la Comunidad argumentó que se habían medicalizado las residencias para garantizar el tratamiento de los ancianos sin necesidad de traslado, pero el informe sostiene que los centros no estaban preparados para esa tarea, ni en material ni en personal. Y deja esta conclusión: "Más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida".

El PP se escuda en el reglamento

Aunque el Ejecutivo regional nunca ha reconocido a este organismo, formado por iniciativa popular y sin respaldo institucional, Más Madrid quiso que sus conclusiones fueran escuchadas en el Parlamento. Y por eso convocó a expertos como Zunzunegui. Pero no podrá ser. "¡Atención, censura!", ha denunciado este lunes en sus redes sociales la diputada Sánchez. "El Presidente de la comisión de políticas sociales [del PP] pretende vetar a una experta por si habla de otros temas que no le gustan", ha seguido sobre un órgano que vive de polémica en polémica, pues los conservadores ya intentaron acallar una referencia de una compareciente a los 7.291 fallecidos (»si no puedo hablar, me voy», dijo) o afearon a una representante de Amnistía Internacional que denunciara que había habido "violaciones de derechos humanos" en las residencias.

El PP, por su parte, sostiene que aplica el reglamento de la Asamblea, que establece que las comparecencias deben ser aprobadas por la comisión correspondiente. Y en este caso, la Mesa de la comisión de Familia y Asuntos Sociales ha rechazado la intervención de Zunzunegui. Los conservadores también argumentan que la comisión ciudadana que elaboró el informe no tiene entidad jurídica y que su informe se refiere a un asunto que se produjo en una legislatura distinta a la actual.

La oposición denuncia un "fraude"

La oposición, por su parte, denuncia un "fraude" por parte del PP. "Esto es alucinante", ha lamentado un diputado del PSOE. "Al parecer, el presidente de manera preventiva y adivinatoria anuncia que aunque la Mesa de la Asamblea autorice las comparecencias, ellos las rechazarán por entender que aunque el objeto sea otro, la intención es distinta", ha abundado. "¡Juzgan intenciones!", ha exclamado. Y ha ironizado: "¡Ni Aramis Fuster!".

Más Madrid recurre al Tribunal Constitucional

Más Madrid ya recurrió en 2022 ante el Tribunal Constitucional la decisión del PP de impedir la comparecencia de la comisión ciudadana en la Asamblea. El partido de la oposición considera que se está imposibilitando la labor de oposición de sus diputados, ya que al aplicarse este criterio, no se puede fiscalizar nada de la gestión de la pandemia en la Asamblea regional.