Ana Julia Quezada, trasladada a aislamiento tras descubrirse un posible documental no autorizado

La reclusa Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018, ha sido trasladada a un módulo de aislamiento en la cárcel de Brieva (Ávila) como medida de precaución tras descubrirse que se estaría grabando un documental sobre su caso desde prisión con fines lucrativos.

Patricia Ramírez denuncia la grabación de un documental no autorizado

El pasado sábado, Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel, denunció públicamente que tenía constancia de que se estaba grabando un documental con la asesina de su hijo desde la cárcel. Según Ramírez, Quezada habría realizado esas grabaciones "al estilo de como lo hizo desde la cárcel Ana Rosa Peral" (acusada del llamado crimen de la guardia urbana), y en contra de la familia del menor.

Investigación en marcha

El Ministerio del Interior ha anunciado que está investigando las posibles irregularidades en torno a la grabación de este documental. Ramírez ha asegurado haber puesto el asunto en manos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) tras tener pruebas por "una fuente directa" de que funcionarios de prisiones habrían facilitado el acceso a un teléfono móvil a Quezada dentro de la cárcel.

Medidas para proteger a la reclusa

El traslado de Quezada a aislamiento se ha producido como medida de precaución para protegerla de posibles represalias por parte de otras reclusas. Fuentes del centro penitenciario han indicado que se trata de una medida "preventiva" y que no se ha producido ningún incidente que haya motivado su traslado.

El Ministerio del Interior y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias han asegurado que están colaborando con la Justicia para atender cualquier requerimiento que pueda derivarse de las acciones legales emprendidas por Patricia Ramírez.

El caso de Ana Julia Quezada ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del "True Crime" y la necesidad de proteger los derechos de las víctimas y sus familias.