España expulsa a uno de los yihadistas condenados por los atentados del 17-A
Said Ben Iazza, uno de los tres yihadistas condenados por los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, vive en Marruecos desde hace medio año. El Ministerio del Interior expulsó de España a Ben Iazza en abril, después de que le fuera revocado el permiso de residencia y de que el Tribunal Supremo dictara la sentencia definitiva sobre los hechos del 17-A.
Ben Iazza fue condenado inicialmente a ocho años de cárcel por colaboración con organización terrorista. No participó directamente en la masacre, pero prestó a los miembros de la célula de Ripoll una furgoneta y documentación que utilizaron para comprar precursores de explosivos. El Tribunal Supremo rebajó más tarde la condena a solo 18 meses al considerar que Ben Iazza había actuado por imprudencia.
Los atentados de Barcelona y Cambrils dejaron 16 muertos y más de 300 heridos. Un grupo de jóvenes musulmanes de Ripoll (Girona), radicalizados por el imán Abdelbaki Es Satty, planearon un gran ataque con bombas en lugares emblemáticos de la capital catalana (el Camp Nou, la Sagrada Familia) que se vio frustrado por la muerte del imán en una explosión fortuita en la casa de Alcanar (Tarragona) donde almacenaban los explosivos.
El 17 de agosto, uno de sus miembros, Younes Abouyaaqoub, irrumpió con una furgoneta alquilada en la Rambla de Barcelona y arrolló a decenas de personas. Horas más tarde, otros cinco yihadistas sembraron el pánico en el paseo marítimo de Cambrils. Los autores materiales del peor atentado yihadista en Cataluña fueron abatidos por los Mossos d’Esquadra.
Solo se pudo llevar a juicio a tres miembros de la célula de Ripoll: Mohamed Houli, Driss Oukabir y Said Ben Iazza. La Audiencia Nacional les condenó en 2021. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo dictó la sentencia definitiva que mantuvo los hechos, pero rebajó las penas: Houli fue sentenciado a 43 años y está ingresado en la cárcel de Córdoba. Oukabir fue condenado a 36 años de prisión y permanece en el centro penitenciario Castellón II. Ben Iazza fue condenado a 18 meses de cárcel al concluir los magistrados que actuó por “imprudencia grave”.
Ben Iazza, que nació en una zona rural del interior de Marruecos y tiene ahora 30 años, ha tenido un destino singular desde el principio de la investigación. Cuando ocurrieron los atentados, trabajaba en una carnicería de su tío en Vinaròs (Castellón). Los miembros de la célula llevaban tiempo viviendo en Alcanar, a apenas diez kilómetros. Y acudían a la carnicería a comprar. Ben Iazza entabló cierta relación con sus dos líderes: Younes Abouyaqooub y Mohamed Hichamy.
En julio de 2017, Younes le pidió a Ben Iazza que le prestara una furgoneta dotada de refrigeración y su documentación personal. Ben Iazza accedió a ello a sabiendas, según la primera sentencia, de que estaba ayudando a “un grupo de islamistas radicales”.
Pocos días después del 17-A, la Guardia Civil detuvo a Ben Iazza, que ingresó en prisión provisional en septiembre de 2017. Tras ser condenado a ocho años de cárcel, la Audiencia Nacional le dejó en libertad provisional porque había cumplido ya la mitad de la pena, cuatro años. Aunque en prisión se acercó a postulados islamistas, cuando quedó libre volvió a Castellón y poco a poco recuperó su vida de antes.
Llegó a lograr la renovación de su permiso de residencia. El Ministerio del Interior pidió su expulsión por haber participado “en actividades contrarias a la seguridad nacional”, pero la Audiencia Nacional la denegó porque estaba a la espera de la resolución definitiva del Supremo.
La sentencia firme llegó en noviembre de 2023. Con la rebaja de pena a 18 meses de cárcel, Ben Iazza ya había cumplido su condena, por lo que la pena quedó extinguida. Cinco meses después, fue detenido en Castellón. La policía le notificó que su autorización de residencia había sido revocada y que se le había abierto un expediente preferente de expulsión, indican las mismas fuentes.
El 20 de abril, Ben Iazza “fue objeto de expulsión administrativa del territorio nacional con destino Casablanca, sin responsabilidades penales de cumplimiento”, según una resolución de la Audiencia Nacional, que también acordó devolverle los cerca de 6.000 euros que le habían sido intervenidos en el registro.