Extorsión en zona sur del Edomex: Miles de denuncias pero poca respuesta ciudadana

Pese a los esfuerzos de las autoridades estatales y federales para combatir la delincuencia organizada en la zona sur del Estado de México, la ciudadanía aún muestra poca disposición a denunciar los delitos, especialmente la extorsión. Esta renuencia se debe al temor a represalias, ya que la organización criminal conocida como Familia Michoacana mantiene una presencia establecida en la región.

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) reveló que, entre enero y octubre de este año, la zona sur del Edomex solo aportó el 2% de la incidencia estatal de extorsiones. En comparación con el mismo periodo del año pasado, las denuncias por estos delitos patrimoniales se redujeron en un promedio del 20%.

Modus operandi de la Familia Michoacana

La Familia Michoacana se enfoca principalmente en la extorsión mediante cobros ilegales de cuotas a ejidatarios, aserraderos, carnicerías, minas y comerciantes. También obligan a empresarios a comprar productos y servicios a distribuidores controlados por la organización.

Para controlar el mercado, colocan insignias en los productos autorizados y controlados, creando un monopolio que genera ganancias para la organización. Quienes se niegan a sus exigencias pueden ser secuestrados o incluso asesinados.

Falta de denuncias

A pesar de las detenciones de líderes de células y servidores públicos, la participación ciudadana en la denuncia de extorsiones sigue siendo baja. El ONC atribuye esta falta de respuesta al temor a represalias y a la presencia de la Familia Michoacana en la zona.

Acciones de las autoridades

Las autoridades han realizado diversas acciones para combatir la delincuencia organizada, incluyendo detenciones de líderes y funcionarios públicos. Sin embargo, se necesita una mayor colaboración ciudadana para erradicar este problema.

"Es importante que la ciudadanía denuncie estos delitos para que las autoridades puedan tomar medidas efectivas y garantizar la seguridad de la población", señaló el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.