El Gobierno renueva y flexibiliza los permisos de inmigrantes afectados por la DANA

El Gobierno español anunció medidas para flexibilizar trámites y prorrogar las autorizaciones de residencia y trabajo de los inmigrantes afectados por las inundaciones provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en 2024.

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Alcance de las medidas

Estas medidas beneficiarán a cientos de extranjeros que residían o trabajaban en los casi 80 municipios devastados por la DANA, principalmente en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la medida no incluirá la regularización de inmigrantes indocumentados, como se había planteado inicialmente.

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Objetivo de la iniciativa

El objetivo es evitar que los inmigrantes se vean obligados a una situación de irregularidad sobrevenida debido a la imposibilidad de renovar sus permisos o al incumplimiento de los requisitos tras el desastre.

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Medidas específicas

  • Prórroga automática de los permisos que expiren entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025, hasta el 31 de diciembre de 2025.
  • Prórroga de las tarjetas de identidad de familiares de la Unión Europea, residencias de larga duración y autorizaciones de estancia por estudios, movilidad de alumnos, voluntariado o prácticas no laborales.
  • Flexibilización de la concesión de autorizaciones, permitiendo que los extranjeros soliciten permisos solo con inscribirse como demandantes de empleo.

Respuestas a las demandas

Estas medidas responden a las demandas de sindicatos y empresarios, así como a organizaciones de la sociedad civil que abogan por regularizar a los inmigrantes indocumentados afectados por la catástrofe. Sin embargo, la regularización extraordinaria no se incluirá en estas instrucciones debido a dudas sobre su viabilidad e idoneidad.

Contexto

En ocasiones excepcionales anteriores, se han implementado prórrogas automáticas de autorizaciones de residencia y trabajo. La DANA causó dificultades a los extranjeros para renovar sus permisos, perjudicando tanto a los inmigrantes como a los empleadores.

"Está generando gran inseguridad jurídica tanto para las personas extranjeras afectadas, como para las personas empleadoras y el resto de operadores sociales y económicos", señala el texto del Consejo de Ministros.