Fiscal de Valencia denuncia amenazas de muerte por parte de seguidores de Alvise Pérez
La fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, se encuentra actualmente bajo protección tras recibir amenazas de muerte y violación por parte de seguidores del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez. Según relata Gisbert a El País (Gil, 2024), las amenazas se intensificaron después de que Pérez compartiera una fotografía privada de ella en su canal de Telegram, donde cuenta con una considerable base de seguidores.
El origen de las amenazas
Todo comenzó, según la fiscal, cuando ella solicitó una condena para un individuo que promovía la expulsión de inmigrantes, generando así la ira de los seguidores de Alvise Pérez, autodenominados «ardillas». Estos seguidores, caracterizados por su anonimato y actividad en redes sociales, comenzaron a acosar a Gisbert, llegando a amenazarla directamente a ella y a su familia.
«Me dijeron que me iban a matar y a violar», declara Gisbert, subrayando el carácter explícito y violento de las amenazas recibidas. La situación escaló hasta el punto de que las amenazas se filtraron en las redes sociales de una de sus hijas, lo que motivó a la fiscal a presentar una denuncia formal contra Alvise Pérez.
La denuncia y el proceso judicial en curso
Gisbert presentó una denuncia contra el eurodiputado por injurias, calumnias y amenazas, adjuntando pantallazos de los mensajes amenazantes tanto de Pérez como de sus seguidores. Un juzgado de Valencia ha elevado el caso al Tribunal Supremo, solicitando que se investigue al eurodiputado ultra. Según el auto del juez Pablo Llarena, el Supremo «está pendiente de resolver sobre su competencia» y de analizar si «concurren las razones que justificarían la tramitación de un procedimiento para el esclarecimiento de los hechos» (Gil, 2024). Actualmente la Sala de lo Penal del alto tribunal valora si abre una causa contra el fundador de SALF, según ha adelantado elDiario.es.
El papel de las «ardillas» y la responsabilidad de Alvise Pérez
Una de las cuestiones clave que se investiga es el grado de control que Alvise Pérez ejerce sobre sus seguidores, especialmente en relación con las amenazas vertidas contra periodistas, funcionarios, empresarios y políticos de izquierda. La Fiscalía defiende que se cite a declarar al eurodiputado, que se tramite su suplicatorio y practiquen diligencias como la declaración de testigos y una prueba pericial de su canal de Telegram para aclarar qué nivel de control tiene Alvise sobre los seguidores que vierten amenazas (Gil, 2024).
Las «ardillas», como se autodenominan los seguidores de Alvise, son conocidas por recopilar y difundir información personal de aquellos que consideran «enemigos» del eurodiputado, lo que contribuye a generar un clima de hostigamiento y amenazas en redes sociales. El País (2024) destaca que la legión de ardillas escudriñan datos personales para compartirlos después en las redes sociales.
Otros frentes judiciales para Alvise Pérez
La denuncia de Susana Gisbert no es el único problema legal que enfrenta Alvise Pérez. La Fiscalía también ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue al eurodiputado por la supuesta financiación ilegal de su agrupación electoral SALF, con la que consiguió tres escaños y más de 800.000 votos en las últimas elecciones europeas de junio. Este caso se originó a partir de la denuncia de un empresario que afirmó haber entregado 100.000 euros en metálico al ultra durante la campaña.
- Financiación ilegal: Investigación en curso por la supuesta financiación irregular de SALF.
- Condena por difamación: Alvise fue condenado a pagar 60.000 euros al exministro José Luis Ábalos por publicar información difamatoria sobre su salud mental.
- Sanción por protección de datos: La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancionó al ultra con 5.000 euros por difundir una fotografía de la hija del ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando era menor de edad.
Además, Alvise Pérez ha sido criticado por compartir en redes sociales información privada de familiares de políticos, como la hija del presidente del Gobierno, generando controversia y acusaciones de acoso.
El debate sobre los límites de la libertad de expresión
Este caso plantea un debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los líderes políticos en el discurso de odio y las amenazas que se propagan a través de sus redes sociales. La investigación en curso determinará si Alvise Pérez incurrió en algún delito y si debe responder por las acciones de sus seguidores. La sociedad española está observando atentamente el desarrollo de este caso, que podría sentar un precedente importante en la lucha contra el acoso y las amenazas en línea.
La gravedad de las amenazas proferidas contra la fiscal y la acumulación de controversias legales en torno a Alvise Pérez están generando un intenso debate sobre la necesidad de regular el discurso en redes sociales y proteger a las personas que son objeto de ataques y campañas de difamación. Este caso sigue evolucionando y se espera que en los próximos meses se produzcan novedades relevantes en el proceso judicial.
Referencias
Gil, J. (2024, 3 de abril). Susana Gisbert, fiscal de delitos de odio: “Los seguidores de ‘Alvise’ me dijeron que me iban a matar y a violar”. El País. Recuperado de https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2025-04-03/susana-gisbert-fiscal-de-delitos-de-odio-los-seguidores-de-alvise-me-dijeron-que-me-iban-a-matar-y-a-violar.html
