Fiscalía de Madrid Avanza en Investigaciones sobre Fallecimientos en Residencias Durante la Pandemia
La Fiscalía de Madrid está intensificando sus esfuerzos para esclarecer las circunstancias que rodearon las muertes en residencias de ancianos durante los momentos más críticos de la pandemia en 2020. Según un comunicado reciente, el ministerio público ha trasladado a los juzgados varias denuncias que apuntan a un nuevo delito: la denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios. Este movimiento se produce tras recibir una denuncia colectiva presentada por 109 familiares de 115 personas fallecidas, quienes alegan que sus seres queridos no recibieron la atención médica necesaria en aquel entonces.
Este nuevo enfoque legal, que se centra en el artículo 511 del Código Penal, representa una vía distinta a las previamente intentadas, como el homicidio imprudente y la omisión de socorro. Anteriormente, cientos de querellantes habían dirigido sus acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y dos de sus consejeros, sin obtener los resultados esperados.
Un Nuevo Delito en el Foco: Denegación de Asistencia Discriminatoria
Las familias están señalando a varios responsables de la gestión de la crisis sanitaria en Madrid, entre ellos Carlos Mur de Víu, director general de coordinación sociosanitaria y firmante de los protocolos de no hospitalización; Francisco Javier Martínez Peromingo, geriatra considerado el «ideólogo» del triaje; Pablo Busca Ostalaza, director de las urgencias Summa 112; y Antonio Burgueño Carbonell, asesor sanitario de Ayuso. También se incluye a 25 geriatras que supuestamente se encargaron de filtrar las peticiones telefónicas de hospitalización de las residencias.
El Tiempo Apremian: La Prescripción del Delito
Uno de los factores que ha impulsado la acción de la Fiscalía es el riesgo de prescripción del nuevo delito, que comenzaba a cumplirse el 18 de marzo, cinco años después de las primeras muertes. Esto ha obligado a los fiscales a analizar los casos contrarreloj para poder presentar las denuncias antes de que expirara el plazo. Ahora, los jueces tienen un plazo de seis meses para tomar alguna medida contra los denunciados, de lo contrario, la vía por este nuevo delito también quedaría cerrada.
Reacciones y Próximos Pasos
Las asociaciones de familiares han recibido la noticia con satisfacción, considerándola un «primer paso decisivo para conocer la verdad y hacer justicia con las víctimas de las residencias». En un comunicado, instaron a los Juzgados de Instrucción a dictar las medidas de investigación necesarias para evitar la prescripción de los delitos.
Implicaciones Políticas y Contexto Actual
Este avance en las investigaciones se produce en un momento de alta tensión política en la Comunidad de Madrid, coincidiendo con la cobertura mediática del quinto aniversario de los hechos. Recientemente, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, pidió disculpas tras ser acusado de ofender a los familiares que aparecieron en un programa de televisión. Además, Ayuso calificó de «sectario» un programa especial de RTVE que incluía un documental crítico con la gestión de su gobierno durante la pandemia.
Disparidad en los Resultados para los Denunciantes
No obstante, no todos los denunciantes obtendrán los mismos resultados. Aquellos que ya tenían un procedimiento previo por los delitos de homicidio y omisión de socorro podrán sumar ahora este nuevo delito a las causas existentes. Sin embargo, si el procedimiento ya ha sido archivado, no podrá ser reabierto. Por otro lado, los casos de nueve denunciantes que hasta ahora no habían judicializado la muerte de sus familiares sí han sido trasladados a los juzgados.
El Futuro de la Investigación
Mientras la investigación avanza, las familias de las víctimas siguen esperando respuestas y justicia. El proceso judicial se está desarrollando y los próximos meses serán cruciales para determinar si este nuevo enfoque legal logrará esclarecer lo sucedido en las residencias de Madrid durante la pandemia y responsabilizar a aquellos que tomaron decisiones que pudieron haber contribuido a la tragedia. La sociedad madrileña está expectante, observando cómo se desarrolla este importante capítulo en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas.