Francia aprueba polémica ley de inmigración impulsada por Macron
La legislación, que ha atravesado largas horas de negociaciones, establece medidas más estrictas y reduce los beneficios de asistencia social para los extranjeros. Esta ley ha recibido el apoyo inesperado de la ultraderecha, particularmente de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, generando divisiones dentro del oficialismo y culminando en lo que se perfila como uno de los mayores desafíos políticos para el gobierno de Macron desde su elección en 2017.
¿Cuáles son los cambios que introduce la ley?
Entre las modificaciones más destacadas, se encuentra el establecimiento de un período mínimo de residencia en Francia para que los residentes legales no europeos sean elegibles para recibir ciertas prestaciones sociales. La derecha ha logrado imponer que dicho periodo sea de cinco años para los que no trabajen, y de dos años y medio o 30 meses para los que ejerzan alguna actividad laboral. Además, se introducen cuotas plurianuales de inmigración y se reinstaura un delito por residencia ilegal.
Reacciones encontradas y tensiones políticas
La aprobación de la ley ha desatado una oleada de críticas, especialmente por parte de la izquierda y asociaciones de derechos humanos, quienes condenan el proyecto como 'una vergüenza absoluta' y lo consideran como el paquete legislativo más regresivo en materia de inmigración de las últimas cuatro décadas. Por otro lado, líderes de la derecha y la ultraderecha celebran el triunfo de sus ideologías y la adopción de medidas que, según afirman, pretenden proteger el modelo social francés de ser excesivamente generoso con los extranjeros.
El presidente Macron y su partido, que se han posicionado tradicionalmente como centristas, se enfrentan ahora al complicado escenario de haber recabado el apoyo de sus oponentes políticos más feroces, justo cuando Francia se asoma a un año con elecciones europeas y debates en Bruselas sobre un pacto migratorio a nivel de la UE.
A su vez, las tensiones internas en el partido gobernante se han intensificado, con varios diputados votando en contra de la ley y ministros amenazando con renunciar. El ministro de Sanidad fue reportado como uno de los que presentaron su dimisión, aunque se desconoce si esta fue aceptada.
Con la aprobación de esta ley, Francia se prepara para un cambio en su política migratoria mientras continúa el intenso debate sobre el equilibrio entre la seguridad, la integración de los extranjeros y la protección del modelo social francés.