Activistas alertan sobre Guardia Nacional: ‘Viola el derecho que actue como MP’
Organizaciones de derechos humanos alertan sobre la propuesta de permitir a la Guardia Nacional (GN) realizar investigaciones de delitos, argumentando que viola el derecho internacional y los tratados firmados por México.
Investigaciones con riesgos
Amnistía Internacional (AI) sostiene que la propuesta de que la GN pueda actuar como auxiliar del Ministerio Público implica riesgos para los derechos humanos. La organización recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido límites para la participación de las fuerzas armadas en labores de investigación y administración de justicia.
Según la Corte IDH, estas labores deben ser exclusivas de las corporaciones civiles, sin que las fuerzas armadas puedan extenderse a funciones propias de la procuración de justicia o policía judicial. AI enfatiza que el decreto que busca adscribir la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) viola esta legislación internacional y la sentencia de la Corte IDH en el Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México.
Permanencia de las Fuerzas Armadas
Además, AI advierte que la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana puede conllevar a potenciales violaciones graves a los derechos humanos. La organización señala que la reforma constitucional propuesta no cumple con los principios de excepcionalidad, temporalidad y subordinación a las fuerzas policiales civiles.
Medidas urgentes
Ante esta situación, AI insta a las autoridades mexicanas a reconsiderar la propuesta y adoptar medidas urgentes para garantizar el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho. La organización solicita que la GN se mantenga bajo control civil y que su participación en labores de seguridad esté sujeta a mecanismos de rendición de cuentas transparentes y efectivos.
El debate sobre la reforma constitucional que permitiría a la GN realizar investigaciones de delitos continuará en el Congreso mexicano, donde se espera que se realicen audiencias públicas para escuchar las opiniones de expertos y organizaciones de la sociedad civil.