El gobierno nacional afina la estrategia para lograr apoyos de cara al debate del Presupuesto 2025 y la ley Hojarasca

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recibieron este lunes a legisladores de bloques dialoguistas para diagramar la estrategia parlamentaria con vistas a lograr la aprobación de ambos proyectos.

El encuentro se realizó en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada y contó con la presencia del vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña.

Por el lado de los diputados, participaron los presidentes de los bloques de La Libertad Avanza y del PRO, Gabriel Bornoroni y Cristian Ritondo, respectivamente, y los siguientes legisladores: Nicolás Mayoraz (LLA), Santiago Santurio (LLA), Carlos Zapata (LLA), Silvia Lospennato (PRO), Silvana Giudici (PRO), Eduardo Falcone (MID) y María Cecilia Ibañez (MID).

El oficialismo aspira a aprobar en el último trimestre del año el Presupuesto 2025, que se continuará debatiendo el martes en comisión en una reunión informativa en la que expondrán la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de Anses, Mariano de las Heros.

El Gobierno espera que el año próximo la economía crezca un 5%, la inflación se desacelere al 18,3%, el dólar oficial avance a un ritmo semejante a los precios ubicándose en $1.207 en diciembre, y se logre un superávit primario del 1,3% del PBI y equilibrio en el resultado financiero del Tesoro.

También se busca la aprobación de la ley Hojarasca, que propone eliminar 70 leyes que el Gobierno considera "obsoletas o en desuso". El texto sostiene "la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por haber sido superado por normativas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos".

Entre las leyes que suprimirá el gobierno se destaca la 18.832 de 1969, promulgada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, que "creó un fondo para controlar la producción de papel de diarios y condicionar a la prensa escrita."

Asimismo, propone eliminar la ley 14.034 del gobierno de Juan Domingo Perón que impone penas para los argentinos que "por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino".

La ley Hojarasca también propone eliminar la ley 20.120 del gobierno de Alejandro Lanusse que "habilita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos" y se derogar la 19.787 de 1972 que "restringe la libre elección de temas musicales en la programación de las radios".

Además, impulsa la supresión de dos leyes del gobierno de María Estela Martínez de Perón: la ley 20.802 que "impide la libre circulación por el país", la ley 20.959 que "deroga el permiso de libre estacionamiento para legisladores en todo el país" y la ley 20.983 que "obliga a ciertas industrias a difundir temas de interés del Estado en forma compulsiva".

También se propone la eliminación de dos leyes del gobierno de facto de Reynaldo Bignone. Por un lado, la ley 22.875 que "permite al Estado exigirle a empresas privadas la relocalización de sus actividades productivas" y la norma 22.964 de 1983, que "habilita el confinamiento forzoso de enfermos de lepra".