El Gobierno presentará en las próximas horas un proyecto para eliminar las PASO y modificar el financiamiento de los partidos políticos
El Gobierno enviará al Congreso Nacional dos proyectos de ley para eliminar las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos y el sistema de financiamiento de los partidos, tal como lo había anunciado el vocero presidencial Manuel Adorni.
Eliminación de las PASO
Uno de los proyectos de ley plantea eliminar las PASO. Según Adorni, estas elecciones "han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos".
El Gobierno considera que las PASO no han favorecido la participación ciudadana y, por el contrario, han generado "cansancio y hastío" en la sociedad.
Cambios en el financiamiento de los partidos políticos
El otro proyecto de ley propone cambios en el financiamiento de los partidos políticos. Entre las medidas previstas se encuentran:
- Aumento de los topes de aportes privados.
- Eliminación de los espacios de publicidad electoral gratuitos en los medios de comunicación.
- Reducción del financiamiento público para las campañas.
El Gobierno aclaró que el Estado seguirá brindando aportes a los partidos políticos, pero reducirá los montos. Además, quedará vigente un único aporte por año proporcional a los resultados electorales.
Modificaciones a la Ley Orgánica de Partidos Políticos
El proyecto de ley también propone modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos para fortalecer la representatividad de los partidos y evitar los "sellos de goma".
Entre los cambios previstos se encuentran:
- Elevación del mínimo de afiliados al 0,5% del padrón electoral.
- Exigencia de un piso mínimo del 3% de los votos en dos elecciones consecutivas.
- Obligación para los partidos nacionales de tener presencia en al menos diez distritos (actualmente son cinco).
Además, se creará una plataforma digital para gestionar y revalidar afiliaciones. Los partidos políticos tendrán un plazo hasta 2026 para adecuarse a esta nueva normativa.