Gobierno culpa a PJ y abandono familiar por suicidios en penal femenil

Responsabilizan a autoridades por suicidios en penal femenil de Morelos

En una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Claudia Sheinbaum atribuyó a las propias internas, al abandono familiar y a sentencias del Poder Judicial de la Federación (PJF) las muertes por presunto suicidio de 19 mujeres en el penal femenil federal de Morelos.

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La postura oficial

Los representantes del Estado mexicano señalaron que el modelo de reclusión implementado durante el gobierno de Felipe Calderón, con prisiones en zonas aisladas y apoyo de empresas privadas, ha provocado el abandono de las internas por parte de sus familias.

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Evangelina Hernández Duarte, coordinadora de Estrategia Institucional de la Secretaría de Gobernación, enfatizó la falta de perspectiva de género en la administración de justicia que enfrentan las mujeres recluidas.

"Esta situación demanda la participación activa de la Defensoría Pública Federal, ya que se tienen testimonios del abandono de los casos", expresó.

Además, acusaron que las sentencias desproporcionadas emitidas por jueces y magistrados del PJF, aunadas a la falta de comunicación sobre el estatus de sus procesos, generan desesperanza en las internas.

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Críticas y refutaciones

En la sesión, familiares de las internas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y representantes del PJF refutaron las afirmaciones de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

Señalaron que el Estado mexicano ha sido omiso e indolente en la atención de esta problemática, a pesar de reconocer la gravedad de la situación.

Principales implicados

• Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
• Felipe Calderón, expresidente de México
• Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública

Contexto

El caso de las muertes por presunto suicidio en el penal femenil de Morelos ha generado preocupación y críticas a las autoridades por su manejo de la situación.

Las organizaciones de derechos humanos han denunciado condiciones inadecuadas de reclusión, falta de atención médica y psicológica, y un sistema judicial deficiente que no garantiza los derechos de las internas.