El gobierno de Milei considera nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto

El gobierno de Javier Milei está considerando nombrar jueces en la Corte Suprema mediante decreto, según admitió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Esta medida se tomaría en caso de que no se logren los votos necesarios en el Senado para aprobar los pliegos de los candidatos Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Preocupación por la integración de la Corte

Francos señaló que el gobierno está preocupado por la integración de la Corte Suprema, que quedará con menos miembros en poco tiempo. "Estamos ante una Corte que va a quedar con menos miembros en poco tiempo, y hay una preocupación del Gobierno con que esté integrada", dijo.

Alternativas en análisis

El jefe de Gabinete indicó que el gobierno está analizando todas las alternativas para nombrar a los jueces. "Son todas las alternativas que tenemos en análisis, pero todavía no tomamos una decisión al respecto", reconoció Francos.

Apoyo de Unión por la Patria

Los comentarios de Francos se producen luego de que Unión por la Patria (UP) diera muestras de acordar en la negociación para la integración de la Corte. La senadora por Catamarca, Lucia Corpacci, puso la última firma necesaria para el dictamen del pliego de Lijo en el Senado.

Dificultades en el Congreso

Sin embargo, el gobierno reconoce que será complicado lograr los votos necesarios en el Congreso. "Cuando estás en minoría todo cuesta mucho más", dijo Francos. "Ya tendremos más legisladores para tener una posición más fuerte y una decisión más fluida", agregó.

Antecedentes

El nombramiento de jueces de la Corte Suprema mediante decreto es una práctica que ha sido utilizada en otras ocasiones en Argentina. En 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner nombró a Raúl Zaffaroni como juez de la Corte mediante un decreto de necesidad y urgencia.

Críticas a la medida

La posibilidad de que el gobierno de Milei nombre jueces de la Corte Suprema por decreto ha generado críticas desde la oposición. El diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, calificó la medida como un "golpe institucional".