Los impulsores de la consulta popular contra la reforma judicial se encuentran 'perdidos': Fernández Noroña

Los ciudadanos de Contrapeso Ciudadano que buscan una consulta popular relativa a la reforma judicial están “perdidos”, y por eso se les negó la constancia del aviso de intención de su consulta, argumentó Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado; apenas llevan 0.1 por ciento de firmas reunidas.

Criticó que Carlos Zaragoza Cibrián, uno de los impulsores de la consulta, “se dedica a estar buscando descarrilar el proceso, estuvo participando en los procesos en su momento contra la reforma”.

El Senado negó a la agrupación la constancia de su aviso de intención desde septiembre, conforme establece la Ley de Consulta Popular, argumentando que la reforma judicial estaba concretada; sin embargo, para el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, quien abogó ante la mesa directiva por los impulsores, se les está negando un “derecho ciudadano a expresarse” y una consulta.

“Yo le preguntaría a la mesa directiva en dónde dice que no se puede hacer una consulta sobre algo que ha sido consumado como una reforma constitucional, la Constitución por supuesto que es revisable”.

De acuerdo con la Ley de Consulta Popular, los únicos temas para los que no aplicaría son los principios del artículo 40 constitucional, la permanencia o continuidad de servidores públicos, el sistema financiero, obras en ejecución, la materia electoral y la organización del Ejército.

Las solicitudes de aviso de intención se ingresaron con el argumento de que los ciudadanos “deben decidir sobre la viabilidad o inviolabilidad de extinguir la carrera judicial para ser sustituida por un método de elección popular, el cual representaría que grupos de poder ilegales, como el crimen organizado o caciques, pudieran influir en la designación de jueces”.

Contrapeso Ciudadano solo obtuvo la constancia de aviso de intención de parte de la Cámara de Diputados, la cual fue publicada el 22 de octubre de este año.

Aún sin tener la constancia de aviso de intención, desde el 11 de septiembre se solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) el uso de la aplicación para recabar firmas, la cual finalmente fue autorizada en octubre, se registró a los auxiliares para la captación de firmas y se dio el visto bueno para la recolección de apoyos.

Los convocantes deberán juntar un millón 975 mil 502 firmas; equivalente al 2 por ciento de la lista nominal, en la cual están en 98 millones 752 mil 606 ciudadanos.

Marisol Rivas, vocera de los convocantes, comentó a El Financiero que llevaban alrededor de 17 mil firmas, y ven la consulta popular como último recurso contra la reforma judicial.

“Al 11 de noviembre de 2024, se han captado un total de apoyos válidos, los cuales equivalente a 0.125 por ciento sobre el 100 por ciento esperado”, detalló.

La fecha límite para alcanzar el total es el 30 de noviembre de 2024.