Diputados avanzan en reformas sobre legítima defensa y juicio en ausencia
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de Argentina dictaminó dos proyectos que reforman el Código Penal y Procesal Penal.
Una de las propuestas modifica las normas sobre legítima defensa, ampliando las circunstancias en las que se considera legítima la defensa propia o de terceros frente a un ataque.
La otra iniciativa introduce el juicio en ausencia, que permite continuar los procesos judiciales incluso si el imputado no se presenta.
Legítima defensa
El proyecto de reforma del Código Penal amplía la definición de legítima defensa para incluir los siguientes supuestos:
- Repeler un ataque a la integridad física o sexual propia o de terceros.
- Defenderse de un ataque mientras el agresor se aleja de la escena con un arma, real o falsa, y existe un peligro verosímil de muerte o lesiones graves para el defensor o terceros.
La titular de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), señaló que "no siempre quien se defiende es el agresor. Muchas veces las personas deben actuar para proteger su vida o la de sus seres queridos. Este proyecto reafirma que defenderse no debe ser castigado como un crimen, sino reconocido como un derecho fundamental”.
Juicio en ausencia
El proyecto de reforma del Código Procesal Penal introduce el juicio en ausencia, que permite continuar los procesos judiciales incluso si el imputado no se presenta.
Esta herramienta se aplicará en casos donde el acusado haya sido declarado en rebeldía por el juez tras no comparecer ante el tribunal, ausentarse de su domicilio sin justificación o fugarse de su lugar de detención.
Los defensores de la propuesta entienden que la presencialidad es una garantía que puede ser renunciada, siempre y cuando su defensa esté debidamente garantizada.
Disidencias
El diputado Martín Soria (Unión por la Patria) expresó su disidencia con los dictámenes, argumentando que el Poder Ejecutivo está "aplicando la histórica receta de la derecha: palo y hambre" y que el objetivo del proyecto es que los ciudadanos "no se manifiesten y no protesten".
En contrapartida, la titular de la comisión, Laura Rodríguez Machado (PRO), señaló que "no siempre quien se defiende es el agresor. Muchas veces las personas deben actuar para proteger su vida o la de sus seres queridos. Este proyecto reafirma que defenderse no debe ser castigado como un crimen, sino reconocido como un derecho fundamental”.
Otras iniciativas
Además de las reformas en materia de legítima defensa y juicio en ausencia, la Comisión de Legislación Penal también dictaminó un proyecto que penaliza a las fuerzas de seguridad que alteran una escena del crimen.
La iniciativa de la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning (UCR) busca modificar el artículo 189 bis del Código Penal, incorporando la penalidad de entre 10 y 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada para "el que siendo integrante de fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias y con el objeto de entorpecer una investigación, asegurar su impunidad o la de terceros o perjudicar la situación procesal de una persona, alterare pruebas o modificare la escena de un crimen o el lugar del hecho introduciendo armas, impropias o propias, operativas o no, u otro elemento que simule tener capacidad ofensiva o defensiva, que permitan suponer la existencia de una agresión o peligro que legitime a los funcionarios actuantes a neutralizarla".
Brouwer de Koning señaló que "existen mafias dentro del Estado y de las fuerzas de seguridad" y que el objetivo del proyecto es "que el funcionario público que esté en las fuerzas de seguridad y quiere manipular la escena del crimen no viva tranquilo".
Conclusión
Las reformas propuestas en materia de legítima defensa, juicio en ausencia y penalización de las fuerzas de seguridad que alteran una escena del crimen buscan mejorar el sistema de justicia penal argentino. Sin embargo, las propuestas han generado disidencias, principalmente por parte de la oposición que considera que pueden afectar los derechos de los imputados y profundizar la criminalización de la protesta.