Los inmigrantes en situación irregular en España podrían regular su situación

El Congreso de los Diputados debate en las próximas semanas una iniciativa legislativa popular (ILP) que busca regularizar a cientos de miles de inmigrantes que viven en España en situación irregular.

La propuesta, que fue admitida a trámite en abril, enfrenta posturas encontradas entre los distintos grupos parlamentarios. El PP, que en un principio apoyó la iniciativa, ahora plantea que solo se beneficie a quienes llegaron a España antes del 1 de noviembre de 2021, lo que supondría dejar en papel mojado el procedimiento extraordinario.

Por su parte, el PSOE y Sumar pactaron esta semana ampliar la regularización a los extranjeros que se encontrasen en España hasta antes del 31 de diciembre de 2023, aunque establecieron que para concederla se usarían criterios “laborales, socioformativos, familiares y/o humanitarios”.

ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, en su propia enmienda, reclaman extender aún más el período, de forma que la ley beneficie a todas las personas que estén en España antes de “la entrada en vigor” de la norma, tal y como pide Regularización Ya, una de las principales organizaciones impulsoras de la ILP.

La presión de la Iglesia

Las plataformas promotoras de la iniciativa llaman la atención sobre la propuesta del PP. “A pesar de ser favorable, plantea una fecha de entrada en España como condición para la regularización que es igual de exigente que el mecanismo de arraigo social, por lo que convertiría la regularización en inútil”, señala en una nota de prensa el partido Por un Mundo Más Justo y Fundación para la Ciudadanía Global, dos de las organizaciones pertenecientes a la comisión que promovió en su día la ILP.

El sistema actual de regularización por arraigo social ya exige tres años de estancia en España, una oferta de trabajo en firme y no tener antecedentes, por lo que la propuesta del PP no añadiría nada al procedimiento actual, denuncian.

En el PSOE suscita muchas dudas la estrategia de los populares. Permitieron que la iniciativa se abriera paso en el Congreso con el apoyo a la toma en consideración, pero han abanderado un discurso sobre inmigración cada vez más alineado con el de la ultraderecha y por eso se preguntan ahora qué hay detrás de ese interés por poner como condición que las autorizaciones solo se apliquen a quienes ya estuviesen en España en 2021.

En cualquier caso, fuentes gubernamentales y socialistas creen, sin embargo, que la presión de la Iglesia —Cáritas y la Conferencia Episcopal también impulsan la ILP— podría contribuir a que el PP apruebe la iniciativa.

La inmigración y el debate político

El debate sobre la regularización de los inmigrantes en España llega en un momento en el que el discurso xenófobo se recrudece en Europa, con gobiernos progresistas como el alemán o el británico girando a posiciones más cercanas a la ultraderecha en esta materia.

La inmigración se ha situado como el principal problema de los españoles, según el CIS, lo que ha llevado a los partidos políticos a endurecer sus posturas en torno a esta cuestión.

La ILP tiene aún un camino complicado por recorrer en el Congreso, pero de salir adelante, mandaría otro mensaje claro sobre lo que representa ya la llamada excepción ibérica en la política del continente.