El juez cita a la esposa de Pedro Sánchez como investigada por tráfico de influencias

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha dictado este miércoles un auto en el que cita como investigada a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, al apreciar indicios de la posible comisión de un delito de tráfico de influencias.

La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por la organización Manos Limpias, que se personó como acusación popular junto con Vox y otros colectivos. El juzgado de instrucción extrajo de la denuncia, de factura muy mejorable y con muchas imputaciones genéricas o inverosímiles, dos posibles infracciones: corrupción privada y tráfico de influencias.

La Audiencia Provincial de Madrid confirma los indicios de tráfico de influencias

La Audiencia Provincial de Madrid restringió el alcance de las diligencias al tráfico de influencias, pero considerando confirmados los indicios para esta infracción. El sistema de instrucción penal en España es muy peculiar en comparación con nuestro entorno. Subsiste, por un lado, la figura del juez de instrucción, a pesar de que en otros países lo habitual es que la investigación inicial en materia criminal esté a cargo de la Fiscalía.

En España, se pretende desde hace décadas que al inicio de cada legislatura se anuncie la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal —que data de 1882— para cambiar el sistema de instrucción a este modelo. Y, por otro lado, hay un acceso muy amplio al proceso penal para las acusaciones: no sólo existe acusación particular, sino que la Constitución establece el ejercicio de la acción popular como un derecho de la ciudadanía.

Manos Limpias, una organización controvertida

En este sistema, el juez de instrucción —imparcial— no puede iniciar el proceso por sí mismo, sino que debe esperar una notitia criminis, esto es, noticia de la apariencia de la posible comisión de un delito, pero después preside y dirige la investigación.

Y lo que no es normal en absoluto, sino un esperpento y una vergüenza, es que una organización como Manos Limpias, que según dio por probado la sentencia condenatoria —una condena revertida en el último momento por el Tribunal Supremo, que absolvió a la principal figura del grupo— se dedicaba sistemáticamente a prostituir la acusación popular para extorsionar a toda clase de personas, pueda estar montando este proceso.

Si la política ya interfiere en los procesos penales, permitir que gente de esa clase enturbie aún más un proceso de tanta relevancia pública es abrir las puertas al desbarajuste.