El gobierno de Javier Milei elimina la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Javier Milei, ha eliminado la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños (UEI), dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). La medida ha generado críticas por parte de la oposición y organizaciones de derechos humanos.

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Violación de la separación de poderes

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Ciudad, la UEI violaba el régimen constitucional de división de poderes, ya que llevaba a cabo funciones propias del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo. Además, señalaron que atentaba contra el derecho fundamental a la intimidad de las personas al acceder a información personal sin autorización judicial.

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Críticas de la oposición

La oposición ha criticado duramente la decisión del gobierno, argumentando que debilitará la búsqueda de niños desaparecidos y obstaculizará la justicia. Abuelas de Plaza de Mayo, una organización que trabaja en la búsqueda de nietos apropiados durante la última dictadura militar, ha expresado su preocupación por las consecuencias de la eliminación de la UEI.

Contexto histórico

La UEI fue creada en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner para investigar casos de niños desaparecidos durante la dictadura. La unidad asistía a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, evitando la apertura de causas judiciales infundadas. Desde su creación, la UEI ha investigado más de 7.000 casos de posibles hijos e hijas de personas desaparecidas.

Reacciones de la sociedad civil

La eliminación de la UEI ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y familiares de niños desaparecidos. Consideran que la medida dificultará la búsqueda de sus seres queridos y que el gobierno no ha brindado alternativas efectivas para garantizar la investigación de estos casos.

El debate sobre la eliminación de la UEI continuará en los próximos días, con la oposición y las organizaciones de derechos humanos presionando al gobierno para que reconsidere su decisión.