Investigación sobre muertes en residencias de Madrid se centra en el jefe del Summa 112

La controversia en torno a la gestión de la pandemia en las residencias de Madrid está lejos de disiparse. Una nueva denuncia colectiva de familiares de fallecidos está apuntando directamente a Pablo Busca Ostoloza, quien fuera gerente del Summa 112, el servicio de emergencias médicas de la Comunidad de Madrid. Según la denuncia, Busca, junto con otros responsables, habría jugado un papel crucial en la denegación de traslados hospitalarios a residentes, incluso cuando contaban con la aprobación de los geriatras hospitalarios.

La investigación, que está reactivándose con esta nueva denuncia, se centra en la presunta discriminación en la atención sanitaria durante los momentos más críticos de la pandemia. Los familiares de los afectados están argumentando que el Summa 112, bajo la dirección de Busca, estaría negando sistemáticamente el traslado a hospitales a personas mayores que vivían en residencias, vulnerando su derecho a recibir atención médica urgente.

El papel del Summa 112 bajo la lupa

Según la denuncia, antes de la pandemia, las residencias podían contactar directamente al 112 para solicitar una ambulancia y trasladar a los residentes a los hospitales. Sin embargo, durante la crisis sanitaria, la Consejería de Sanidad implementó un nuevo protocolo: las residencias debían contactar primero a un «geriatra de enlace» adscrito al hospital, quien debía dar su aprobación para que el Summa 112 realizara el traslado. Los denunciantes están alegando que este nuevo circuito se usó para discriminar a los residentes, negándoles la atención hospitalaria que necesitaban.

«El Summa 112 está discriminando conscientemente a miles de personas que tenían derecho a recibir esa prestación sanitaria –el traslado urgente a un hospital para ser atendido allí–, convirtiéndose así en un colaborador imprescindible en el sistema discriminatorio instaurado por la Comunidad de Madrid», afirma la denuncia, según informa Fernando Peinado (El País).

Acusaciones y figuras clave en la polémica

Además de Pablo Busca, la denuncia está señalando a otros tres responsables de la gestión política: Carlos Mur de Víu, director general en la Consejería de Sanidad y firmante de los protocolos; el geriatra Francisco Javier Martínez Peromingo, coordinador o «ideólogo» de los protocolos; y el doctor Antonio Burgueño Carbonell, asesor externo para la pandemia. También están acusando a 25 geriatras que habrían ejecutado el triaje en las residencias.

Los familiares están solicitando a la Fiscalía que se investigue a fondo el papel de cada uno de estos responsables y que se soliciten al Gobierno de la Comunidad de Madrid los registros de llamadas y correos electrónicos entre el Summa 112 y los hospitales de la red pública durante los meses más críticos de la pandemia.

El testimonio del exconsejero Reyero

El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, quien se rebeló contra las decisiones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, afirma en su libro «Morirán de forma indigna» que la dirección médico asistencial del Summa 112 dio instrucciones verbales a la plantilla para que no recogieran a personas de las residencias. Según Reyero, estas instrucciones, aunque verbales, son verosímiles, lo que agrava aún más la situación.

Busca, un perfil controvertido

Pablo Busca, quien ocupó su cargo en la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2022, era conocido por llevar el uniforme de ambulanciero en todo momento, incluso en la Asamblea. Actualmente, ocupa el cargo de director de Emergencias en el departamento vasco de salud. Según El País, se ha solicitado una entrevista con él al Gobierno vasco, pero no ha sido concedida por circunstancias personales.

A diferencia de otros responsables, Busca nunca ha comparecido en sede parlamentaria o judicial. Su silencio está generando aún más interrogantes sobre su papel en la gestión de la pandemia en las residencias.

La búsqueda de justicia continúa

La denuncia colectiva presentada ante la Fiscalía representa la última oportunidad para las familias de los fallecidos de obtener justicia en los tribunales. La mayoría de sus querellas anteriores contra Isabel Díaz Ayuso y otros consejeros han sido archivadas. Ahora, los familiares están depositando sus esperanzas en esta nueva investigación, que podría esclarecer las responsabilidades en las muertes ocurridas en las residencias de Madrid durante la pandemia.

Las familias están esperando que la Fiscalía solicite al Ejecutivo de Ayuso copia certificada del listado de llamadas diarias desde las residencias de mayores al 112 o al 061, desde el 3 de marzo al 5 de julio de 2020, en la que conste quién llamó, quién recibió la llamada (personal de enfermería u otro tipo de personal sanitario) y cuál fue la decisión del profesional. Además, se pide copia de todas las grabaciones y copia certificada de los correos electrónicos entre el personal del Summa 112 y los 28 hospitales de la red pública (incluido Ifema), entre el 3 de marzo y el 5 de julio de 2020.

Referencias

  • El País. (2025, 8 de marzo). La nueva denuncia sobre residencias apunta al jefe de las ambulancias, que no recogieron a enfermos incluso con el visto bueno del hospital.