Ábalos alega "cacería política" para frenar el suplicatorio sobre su caso
El exministro socialista José Luis Ábalos ha comparecido ante la Comisión del Estatuto de los Diputados del Congreso para reclamar el amparo de ese órgano, que ahora debe impulsar el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para suspender su inmunidad e investigarlo en el llamado caso Koldo.
Ábalos acudió a la Comisión para intentar convencer a los diputados de todos los partidos, que están a favor de conceder el suplicatorio, de que ha sufrido una "investigación prospectiva" con irregularidades para someterlo a una "cacería política" que le perjudique a él, al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, en su diatriba también culpó al PSOE de aceptar este escarmiento contra él, sin escucharlo ni atender a sus alegaciones, para ejemplificar, lo que según él, no le servirá de nada.
La Comisión debía aprobar el suplicatorio esta tarde, pero la decisión se retrasó unas horas hasta las 12:30 de este martes debido al volumen de la documentación aportada por Ábalos. El pleno de la Cámara refrendará el suplicatorio en unas pocas semanas.
La Comisión del Estatuto del Diputado citó en persona a Ábalos este lunes a las 12:30 horas para tener en cuenta sus alegaciones contra el suplicatorio solicitado por el Supremo por sus implicaciones en el llamado caso Koldo, que el diputado ahora en el Grupo Mixto también recurrió sin éxito ante el alto tribunal porque considera que fue sometido a una investigación ilegal en la que se vulneraron sus derechos y garantías procesales. Este recurso ya fue rechazado porque el juez instructor mantiene que existen "indicios suficientes" para averiguar su papel en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos durante la compra de mascarillas en la pandemia de la COVID-19. Ábalos no descarta recurrir incluso al Tribunal Constitucional.
El exministro, expulsado del grupo socialista y pendiente de un expediente similar por parte del PSOE que también cuestiona, ha emprendido todas estas acciones porque entiende que en su caso se han cometido todo tipo de infracciones y ha presentado denuncias también contra la Fiscalía. Ábalos recordó ante los periodistas una cita del expresidente chileno Salvador Allende sobre que "no basta que todos sean iguales ante la ley, es necesario que la ley sea igual para todos", para concluir que en España ahora "la Justicia no es igual para todos". Y en ese sentido, insistió en que su caso tiene un "origen de motivación política" para construir una causa y un relato con un objetivo político: derribar al Gobierno.
El exdirigente socialista acudió con este bagaje y esta estrategia de defensa al Congreso este lunes para exponer ante los diputados, pero también en varias comparecencias improvisadas ante los medios, su teoría de que el Congreso no debería conceder su suplicatorio porque significaría un peligroso precedente sobre los derechos de protección especial de que disfrutan todos los parlamentarios. Además, volvió a declararse inocente de todo lo que se le acusa. Incluso argumentó, en ese sentido, que le encantaría que se investigara bien su patrimonio porque se encontrarían muchas sorpresas.
"El aforamiento no es un privilegio, es una garantía para poder representar a los ciudadanos, pero no para eludir la acción de la justicia", expuso Ábalos ante los medios y afirmó que él nunca se había manifestado a favor de que se concediera en su caso, aunque sí apuntó que cuando el Tribunal Supremo le ofreció la posibilidad de acudir a declarar voluntariamente, lo aceptó.
Los componentes de la Comisión del Estatuto de Diputados del Congreso están a favor de dar el suplicatorio y permitir la investigación del Supremo, en una decisión que se conocerá formalmente este martes a partir de las 12:30 porque, aunque estaba prevista para ser comunicada en la tarde de este lunes, los componentes de la misma se han dado unas horas más para analizar la voluminosa documentación aportada por el exministro. El suplicatorio que se da por hecho tendrá que ser refrendado luego por el pleno de la Cámara en una sesión que está por convocar de manera extraordinaria a finales de este mes o a primeros de febrero. El propio PSOE ha avanzado que respaldará esa concesión.
Hasta ahora, el Congreso ha aprobado 33 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso al respecto data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y al hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles del Ministerio del Interior. El último suplicatorio que salió adelante se aprobó en septiembre de 2022 sobre el exdiputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación por una serie de contratos que realizó en su etapa de alcalde de Trujillo (Cáceres).
Ábalos defiende que en su caso se ha montado un operativo exprofeso para llegar a unas conclusiones predeterminadas y en esa acusación incluye desde actuaciones de unidades especiales de la Guardia Civil para interceptar documentación de un alto cargo a intervenciones sobre correos electrónicos privados, con datos y conversaciones personales, pero también entromete, sin citarlos, a jueces y cargos políticos relacionados con el PP o miembros de la policía. Sin embargo, al único que citó con su nombre y apellidos ante los medios, y que dijo iba a detallar ante la Comisión, fue al capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla, a quien se atribuye el inicio de las indagaciones sobre Koldo García tras las revelaciones de un confidente imputado en el caso del fraude de los hidrocarburos. El exnúmero dos del PSOE apuntó así contra Bonilla porque trabajó para la Fiscalía Anticorrupción que llevó parte de este caso hasta abril de 2023 y que en octubre de ese mismo año fichó por la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso como director de seguridad corporativa.
