Magistrados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se unen en defensa de la independencia judicial tras la denuncia contra el Juez Gallardo
Más de treinta jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) están expresando su firme rechazo y profunda preocupación ante la denuncia que el Ministerio de Seguridad está presentando contra el juez Roberto Andrés Gallardo. Según informa ámbito.com, la controversia surge a raíz de una medida cautelar dictada por Gallardo, impidiendo la intervención de las fuerzas federales en la marcha de jubilados prevista para el miércoles frente al Congreso.
Este pronunciamiento colectivo, dirigido al Consejo de la Magistratura, está subrayando la creciente tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, particularmente en lo que respecta a la autonomía judicial y la interpretación de las competencias en materia de seguridad.
¿Qué está argumentando el Poder Judicial?
Los magistrados están argumentando que la acción del Ministerio de Seguridad se está convirtiendo en una práctica recurrente del Poder Ejecutivo Nacional, buscando influir y condicionar la labor judicial a través de la intimidación y el cuestionamiento público de sus decisiones. Están enfatizando que la presentación de la cartera dirigida por Patricia Bullrich constituye un claro menosprecio a la independencia judicial y la autonomía de la CABA.
Además, los jueces están señalando que cualquier desacierto en una decisión judicial debe ser abordado a través de los mecanismos procesales correspondientes, y no mediante denuncias que buscan socavar la legitimidad del Poder Judicial. En su nota al Consejo de la Magistratura, están solicitando el rechazo urgente de la denuncia contra el juez Gallardo.
Apoyo de otras asociaciones de magistrados
La Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) y el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) también están manifestando su apoyo al juez Gallardo y su preocupación por la independencia judicial. Estas asociaciones se están uniendo a la voz de los jueces porteños en defensa de la autonomía del Poder Judicial frente a presiones externas.
Los argumentos del Gobierno
El Gobierno, por su parte, está acusando al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2 de «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones». Según el Ministerio de Seguridad, la decisión del juez Gallardo está vulnerando la división de poderes, desobedeciendo fallos anteriores y respondiendo a motivaciones ideológicas más que jurídicas. Están sosteniendo que el fallo aceptó una acción de amparo presentada por la CGT, la UTEP y la UEJN, impidiendo la intervención de fuerzas federales en la manifestación de jubilados.
Según informa ámbito.com, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires también está apelando al fallo que inhabilitó al intervención de las fuerzas federales y solicitó que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para el tratamiento ante la inminencia de la marcha.
El fallo del juez Gallardo
El juez Gallardo está ordenando a la Ciudad coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización, «dejando sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión». Además, está estableciendo que se delimiten de forma previa y concreta los «objetivos federales» cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante.
Implicaciones y futuro del caso
Este caso está planteando interrogantes fundamentales sobre el equilibrio de poderes y la independencia del Poder Judicial en Argentina. La controversia entre el Gobierno y los jueces porteños está destacando la importancia de garantizar la autonomía judicial y el respeto a las decisiones judiciales, incluso cuando estas no coinciden con los intereses del Poder Ejecutivo. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante para el futuro de la relación entre los poderes del Estado y la protección de los derechos constitucionales.
¿Qué está en juego?
- La independencia del Poder Judicial.
- La autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- El derecho a la protesta y la libertad de expresión.
- La división de poderes y el equilibrio institucional.
La situación está generando un intenso debate en la sociedad argentina, con voces a favor y en contra de la denuncia contra el juez Gallardo. La resolución de este conflicto será crucial para determinar el rumbo de la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial en los próximos años.
