Diputados libertarios visitan a represores en Ezeiza: la Justicia pide explicaciones a Bullrich

La Justicia investiga la visita de cinco diputados libertarios a represores detenidos en Ezeiza. Este viernes, el juez del Tribunal Oral Federal n° 5 de CABA, Daniel Obligado, le pidió informes a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre las características y circunstancias del encuentro.

El pedido de informes

En su pedido, el juez Obligado cita el pedido de su colega, el juez Alejandro Slokar, miembro de la Cámara de Casación Penal y coordinador de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad, quien ha intervenido a varios de estos casos. Obligado solicita al Ministerio de Seguridad que "informe, en carácter de urgente, el trámite administrativo interno que se hubiera suscitado como paso previo a la visita que legisladores nacionales realizaron al mencionado (Alfredo) Astiz y otros condenados por delitos de lesa humanidad (...) así también el resultado de dicha diligencia en todo lo relativo a la autorización, otorgamiento de permisos y/o cualquier otra circunstancia que resulte de interés para la investigación".

La visita de los diputados

Los diputados libertarios Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Beltrán Benedit visitaron a Alfredo Astiz y otros represores el pasado 10 de enero. La visita generó polémica y repudio en diversos sectores de la sociedad, que la consideraron una apología del terrorismo de Estado.

Las declaraciones de Benedit Beltrán

Uno de los diputados que visitó a los represores, Beltrán Benedit, justificó la visita y apuntó contra la Justicia. "No fuimos a ver represores, fuimos a ver excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista", habría dicho Benedit. Y después amenazó a la Justicia: "Vamos a defenderlos y marcaremos a los jueces que fallan en función de su ideología".

La denuncia de la CPM

La Comisión por la Memoria presentó este viernes una denuncia penal contra el diputado libertario Beltrán Benedit "por el delito de apología del crimen". Consideran que sus declaraciones difundidas por C5N niegan los crímenes de lesa humanidad cometidos por los represores.

"La CPM considera que estas expresiones públicas son constitutivas del delito de 'apología del crimen' y deben investigarse y juzgarse pues son una afrenta a la democracia", señala el organismo en sus redes sociales.