La Abogacía del Estado pide al Constitucional que aparte al magistrado Macías del debate de la amnistía
La Abogacía del Estado ha recusado al magistrado José María Macías y ha solicitado al Tribunal Constitucional que lo aparte de los recursos relacionados con la ley de amnistía, por haber formado un criterio sobre dicha norma y haber informado en contra de su constitucionalidad, en su anterior cargo como miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El escrito del Abogado del Estado plantea que Macías no debe formar parte de la composición del órgano de garantías cuando el pleno se reúna para deliberar sobre la impugnación presentada por el PP, asunto para el que dicho magistrado había sido designado como ponente, siguiendo el turno preestablecido para la asunción de casos.
El documento firmado por Macías sostenía que la amnistía no pretendía la normalización política en Cataluña, sino que se trataba de un pacto político para satisfacer "intereses partidistas" y desbloquear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, vulnerando el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica, entre otros establecidos por la Constitución.
Macías ya fue recusado el pasado día 19 por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El escrito de la Fiscalía pedía apartar a Macías de las deliberaciones sobre la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo contra dicha ley. La existencia de estas dos iniciativas paralelas -la del fiscal general y la de la Abogacía-, de contenido muy similar, se debe a que la Fiscalía del Estado es parte en el proceso originado por la iniciativa del Supremo, mientras que la Abogacía lo es en relación con los recursos de inconstitucionalidad planteados por el PP, por las comunidades autónomas en que gobierna, y por el gobierno de Castilla-La Mancha, del PSOE.
La impugnación del Supremo fue admitida ya ha sido admitida a trámite por el Constitucional y el resto se examinará en otros plenos, ya en octubre. Los recursos de las comunidades autónomas, a su vez, están suspendidos hasta que el tribunal decida sobre su legitimación, a la vista del informe que sobre este extremo están realizando los letrados del propio órgano de garantías.
El escrito de la Abogacía del Estado por el que se recusa al magistrado José María Macías se basa en los criterios contrarios a la ley de amnistía expresados en el informe aprobado por el Consejo General del Poder Judicial el pasado mes de marzo. Este informe fue suscrito por Macías como miembro del órgano de gobierno de los jueces. Hay otro informe precedente, pero la recusación se centra en el último por considerarlo sobradamente claro.
El dictamen de la Abogacía subraya que el documento apoyado en marzo último por el magistrado ahora recusado sostenía que "la justificación de la amnistía proyectada no es otra que la de atender a los intereses partidistas" de las fuerzas que suscribieron los pactos que permitieron iniciar la legislatura con la investidura de Pedro Sánchez. En el mismo texto se afirmó que el origen del acuerdo parlamentario mencionado no fue la "normalización institucional, política y social de Cataluña (…), sino el cumplimiento de los pactos en cuanto se dieron los apoyos parlamentarios al candidato a la presidencia del Gobierno y, en lógica contraprestación, se acomete la concesión de la prometida amnistía".
La Abogacía cita asimismo que el informe del Poder Judicial consideraba "indudable" que "la amnistía comporta una manifiesta vulneración del derecho a la igualdad" consagrado en la Constitución. "Baste señalar -proseguía el documento- que ciudadanos condenados o acusados por unos mismos delitos (…) pueden quedar, o no, exentos" de la imposición de penas, "frente a otros ciudadanos en esa misma situación". Y se añadía que "no cabe una discriminación mayor que, además, afecta a uno de los bienes jurídicos de los ciudadanos más dignos de protección, a los que se les somete, o no, a normas sancionadoras, porque solo los comprendidos en la amnistía gozaran del privilegio, que choca a la más elemental conciencia, de quedar al margen de las normas punitivas".
Apoyándose en estas citas, el escrito de la Abogacía considera acreditado que el magistrado José María Macías, "como afirma la causa invocada de recusación ha ocupado cargo público con ocasión del cual ha tenido un extenso conocimiento del objeto del litigio y ha formado criterio con el resto de los consejeros (del Poder Judicial), en detrimento de la debida imparcialidad".
En paralelo, el PP ha recusado al presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y a la magistrada Laura Díez, y ha presentado otro escrito en el que plantea que ambos deberían apartarse de las deliberaciones sobre las recusaciones que los populares han presentado en relación con la ley de amnistía. Estas iniciativas iban dirigidas también contra el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, pero en este caso ya carecen de objeto, porque se ha abstenido. De momento, por tanto, el tribunal que deberá pronunciarse sobre la amnistía ha quedado compuesto por seis magistrados progresistas y cinco conservadores.
En medios del Constitucional se estima que las recusaciones de Conde-Pumpido y Díez no tienen posibilidades de prosperar. El sector progresista, en concreto, considera que el objetivo de esta iniciativa es alterar la composición del tribunal para lograr que dicho bloque, ahora mayoritario, quede en minoría, si a la salida de Campo se sumaran las otras dos mencionadas. En ese caso si Macías, a su vez, no fuera apartado, el tribunal quedaría compuesto por cinco magistrados del bloque conservador, y cuatro del progresista. Las fuentes consultadas excluyen por completo que la batalla de las recusaciones pueda saldarse con este hipotético escenario final.