La Sección 5 de la Audiencia de Barcelona ha decidido amnistiar a Josep Lluís Alay, Jefe de la oficina de Carles Puigdemont, y a dos exconcejales del PSC, por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Jefe de la oficina de Carles Puigdemont
Josep Lluís Alay estaba acusado de utilizar fondos públicos para un viaje a Nueva Caledonia en 2018, donde asistió como observador del referéndum de autodeterminación. La Fiscalía pedía para él una condena de 10 años de cárcel y 20 de inhabilitación.
Sin embargo, la Audiencia de Barcelona ha estimado que los hechos cometidos por Alay quedan amparados por la Ley de Amnistía, aprobada en 1977 tras la muerte de Franco. Esta ley exime de responsabilidad penal a quienes hayan participado en determinadas acciones políticas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977.
En el caso de Alay, la Audiencia ha considerado que su viaje a Nueva Caledonia tenía como objetivo apoyar el derecho de autodeterminación del pueblo canaco, lo que se encuadra dentro de las acciones políticas amparadas por la Ley de Amnistía.
Exconcejales del PSC
Los dos exconcejales del PSC, Carme Aragonès y Jordi Masnou, fueron condenados en 2019 a un año de cárcel y otro de inhabilitación por coaccionar a una cadena hotelera para que expulsara a unos 500 agentes de la Policía Nacional que estaban alojados en sus hoteles durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.
La Audiencia de Barcelona también ha aplicado la Ley de Amnistía a los dos exconcejales, al considerar que sus acciones tenían como objetivo impedir la celebración del referéndum, lo que también se enmarca dentro de las acciones políticas amparadas por la ley.
La decisión de la Audiencia de Barcelona ha generado reacciones encontradas. Algunos sectores han celebrado la amnistía, mientras que otros la han criticado, argumentando que supone un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad.