La Audiencia Nacional ha rebajado la condena impuesta a Pompeyo González, el jubilado que envió cartas con material pirotécnico a diversas instituciones gubernamentales y embajadas en 2022. La Sala de Apelación ha reducido la sentencia de 18 años de prisión a 11 años y nueve meses, al considerar que la "capacidad dañina" de los artefactos "no era elevada" y que el acusado actuó como "un terrorista aislado".
Hechos probados
Según la sentencia de primera instancia, González, de 75 años y afin a las posiciones de Rusia, fabricó en su domicilio una serie de paquetes explosivos con cajas de madera y artefactos pirotécnicos caseros. Estos paquetes fueron enviados a objetivos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid, el Ministerio de Defensa, la empresa de armamento Instalaza y el Centro de Satélites de la base aérea de Torrejón de Ardoz.
El objetivo de González era que España dejara de apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia. Entre las pruebas presentadas en el juicio se encontraba el ADN del acusado en los paquetes.
Argumentos de la Sala de Apelación
La Sala de Apelación ha confirmado los hechos probados y la autoría de González, pero ha rebajado la condena por los siguientes motivos:
- La "capacidad dañina" de los artefactos "no era elevada".
- González actuó como "un terrorista aislado", sin vinculación con ningún grupo criminal.
- Es "difícilmente podrá generar seguidores o difundirse entre sectores de la población".
Valoración de la sentencia
La sentencia de la Audiencia Nacional ha sido recibida con satisfacción por la defensa de González, que ha destacado la reducción de la condena. Sin embargo, la Fiscalía ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.
El caso ha suscitado un gran interés mediático y ha puesto de relieve la preocupación por el terrorismo de baja intensidad.