Condena a Zaplana respaldada por irregularidades de Antifraude
La Audiencia de Valencia condena a 10 años y 5 meses de prisión al ex presidente de la Generalitat y ex ministro de Trabajo por amañar un concurso público y cobrar mordidas de los adjudicatarios.
La sentencia del caso Erial, en la que Eduardo Zaplana ha sido condenado a 10 años y 5 meses de cárcel, se basa tanto en pruebas testificales como documentales. Las primeras proceden de los testimonios de varios implicados en la trama, como Juan Francisco García, mano derecha de Zaplana; Joaquín Barceló, amigo de la infancia del ex dirigente del PP; y los empresarios Vicente y José Cotino, del grupo Sedesa y sobrinos del fallecido director general de la Policía, Juan Cotino.
Sin embargo, la sentencia también se apoya en irregularidades detectadas por la Agencia Valenciana Antifraude, cuyos peritos analizaron la documentación de las adjudicaciones para informar al juzgado. Según la sentencia, aunque siete de las anomalías subrayadas por Antifraude no beneficiaban directamente a los hermanos Cotino o no eran relevantes para la causa, la Agencia sí detectó otras que permitieron "orientar la resolución del concurso hacia el resultado pretendido".
El director del equipo de peritos de Antifraude, Gustavo Segura, fue cesado el pasado 2 de septiembre por el nuevo director de la Agencia, Eduardo Beut, elegido en julio por el PP y Vox. Uno de los motivos esgrimidos para el cese fue "un desvío inusual de la carga de trabajo hacia la colaboración con los órganos judiciales", en detrimento de las funciones propias de la Agencia.
Segura ha recurrido su cese y califica de "dislate" la justificación dada. En su recurso, señala que la ley de creación de Antifraude, de 2016, configura a la Agencia como un "órgano de apoyo y colaboración con la autoridad judicial y el ministerio fiscal".
Entre las irregularidades detectadas por Antifraude, la sentencia destaca que todas las propuestas presentadas al concurso fueron analizadas, valoradas y elevadas a propuesta de adjudicación en un mismo día. El fallo considera "asombroso" que se realizaran varios trámites administrativos complejos en el mismo día.
La Audiencia también ha tenido en cuenta otras advertencias de Antifraude sobre los criterios objetivos de prioridad en la elección del lote y el tope de la mejora económica, que según los peritos "quedaron sin relevancia".
Además, se incluyó también "el tema de implantación y conocimiento de la realidad de la Comunidad Valenciana, tendente todo ello a lograr que la adjudicación del lote 1 se efectuara en favor del Grupo SEDESA", como así fue finalmente.
En su recurso, Segura señala que la "preocupación fundamental" del nuevo director de Antifraude parece ser "la emisión de informes periciales", que es lo que ha permitido mejorar la lucha contra la corrupción en la Comunidad Valenciana.
El ex director de Análisis e Investigación explica que solo mantuvo una reunión con Beut y coincidió dos días laborables con él. En la reunión, Beut se interesó por los informes periciales emitidos por la Agencia, especialmente por aquellos que podían tener una "mayor repercusión". También preguntó por los informes emitidos en el caso Azud, que investiga una presunta trama de corrupción de contratistas y políticos.
El caso Azud afecta directamente al entorno de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, y salpica a algunos ex dirigentes socialistas.
Beut, inspector de Hacienda, fue jefe de la Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana durante las presidencias de José María Aznar y Eduardo Zaplana. Posteriormente, fue nombrado consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Empresariales por el PP y ejerció como gerente y presidente de Fecoval hasta 2012.
El aterrizaje del nuevo director en Antifraude ha sido muy polémico por la argumentación de los ceses de dos cargos de confianza del anterior responsable, Joan Llinares, y por la derogación del código ético de la entidad para adherirse al de las Cortes valencianas, que no existe ni está en proceso de elaboración. Esta medida implicó la eliminación del Comité de Ética que estaba analizando varias denuncias internas de la Agencia que afectaban al nuevo director.