La Fiscalía acusa al Gobierno canario de discriminar a los menores migrantes por su origen
La Fiscalía Superior de Canarias tiene claro que el nuevo protocolo del Gobierno canario con el que se condiciona la acogida de menores migrantes a una serie de trámites que obligarían a mantener a los niños bajo custodia policial horas e incluso días no debe aplicarse. EL PAÍS ha tenido acceso al decreto fiscal emitido este viernes, una enmienda a la totalidad a la iniciativa del presidente Fernando Clavijo y que, pese a lo que han interpretado algunos medios locales, está lejos de avalarla.
El texto considera, entre otras cosas, que las nuevas reglas discriminan a los menores que llegan en cayuco a las islas. “El protocolo olvida el principio de no discriminación. Trata de forma diferente a los menores extranjeros no acompañados respecto de cualquier otro menor [...] Se desprende claramente que existe una discriminación por razón de origen”, se lee en el expediente.
El nuevo protocolo autonómico, publicado el pasado jueves en el Boletín Oficial de Canarias, exige unos requisitos previos para que la comunidad acoja a un menor migrante que esté solo en las islas. Se trata de una serie de trámites que competen, sobre todo, a la Policía Nacional y que suponen retrasar la entrada del niño en un lugar de acogida adecuado. Entre ellos se requiere una reseña policial completa, una entrevista, un acto formal de entrega del menor entre agentes nacionales y autonómicos y la confirmación de que existe plaza para el recién llegado. Fuentes policiales consideran que estas normas son inviables en situaciones de emergencia y vulnerabilidad como las que se encuentran cada vez que llega un cayuco.
Este sábado tres nuevas embarcaciones arribaron a las islas, dos cayucos a El Hierro con 55 y 28 personas, y una neumática, a La Gomera, con 70 ocupantes. “Seguiremos actuando como hasta ahora que era la forma correcta. Para nosotros no ha cambiado nada”, asegura un mando policial.
La fiscal María Farnés Martínez advierte de que la aplicación de las nuevas exigencias suponen una dejación de competencias que es exclusiva de las comunidades autónomas y que el protocolo no puede imponer obligaciones a otros actores que ni siquiera lo han firmado. “El protocolo presupone un nuevo trámite de competencia estatal que actualmente no existe ni está previsto en la legislación [...] un trámite que impone la comunidad autónoma de Canarias a otra administración (la Administración General del Estado) y en el que debe de intervenir el Ministerio Fiscal”, mantiene. Y añade: “Nunca un protocolo puede establecer normas de procedimiento que vayan en contra de la ley, ni que obliguen a otros que no sean aquellos que lo hayan firmado.
La oposición de la Fiscalía
El decreto de la Fiscalía no deja dudas de lo que hay que hacer. La competencia de la protección siempre será de la comunidad autónoma y “nunca será competencia de la Administración, salvo modificación del correspondiente Estatuto de Autonomía”. La atención, además, debe ser inmediata y, tal y como marca el Código Civil, en “casos de urgencia no deben existir requisitos procedimentales ni de forma”.
Cada página del decreto es una enmienda a la iniciativa del Ejecutivo canario. La fiscalía considera incorrecto hasta la premisa en la que se basa todo el protocolo, la de que el niño que esté bajo custodia policial no puede considerarse que esté en desamparo. “Esta afirmación, que es el pórtico de las actuaciones del protocolo, no puede ser entendida como correcta”, zanja la fiscal. “No hay una situación más clara de un menor en desamparo que la de los menores extranjeros no acompañados, pues como consecuencia de su no acompañamiento y ante la ausencia de adultos responsables tendrá que ser la administración pública la que deba otorgarle la protección integral”, añade.
Martínez cuestiona, además, el excesivo papel que se atribuye a la policía y se opone a que la entrega de los niños deba hacerse entre agentes de la Policía Nacional y agentes de la policía autonómica “sin tener en cuenta ni analizar las repercusiones que la intervención policial puede tener en los menores, sobre todo cuando son extranjeros y están solos”.
Incluso la audiencia del menor para conocer mejor sus circunstancias personales y si tiene familiares en España, otro de los requisitos que pasó a exigir el Gobierno canario antes de aceptar a los menores en sus centros, choca con el supuesto interés del niño que pretende protegerse. “Ciertamente el menor tiene que ser oído, pero lo tiene que ser para algo. Es claro que un menor que acaba de llegar a tierra después de un viaje en el que ha puesto en peligro su vida, no está en disposición de ser oído con garantías, ni mucho menos, como parece apuntar el protocolo, que éste manifieste que tiene un familiar o un allegado en algún lugar distinto de Canarias y que por lo tanto en ese sentido se debiera de actuar, pues ello implicaría un claro riesgo para el menor”, concluye.
El apoyo del Gobierno central a la Fiscalía
El Gobierno comparte el criterio de la fiscalía. Este viernes se reunieron de urgencia los ministros del Interior, Migraciones, Política Territorial y Juventud para estudiar cómo afrontar el pulso que estaba lanzando Clavijo. En el encuentro, como adelantó EL PAÍS, se puso encima de la mesa la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional para que aclare la cuestión competencial y el ministerio de Juventud se comprometió a enviar a la Fiscalía un informe jurídico en el que se argumenta que el protocolo viola los derechos fundamentales de los niños. “Supone una vulneración de los derechos de las personas menores de edad al estar limitando la protección de las personas menores de edad en el territorio autonómico”, mantiene el equipo de Sira Rego.
- El Gobierno canario ha establecido un nuevo protocolo para la acogida de menores migrantes que ha sido criticado por la Fiscalía por discriminatorio y contrario a la ley.
- La Fiscalía ha emitido un decreto en el que señala que el protocolo no puede imponer obligaciones a otros actores que ni siquiera lo han firmado y que la competencia de la protección siempre será de la comunidad autónoma.
- El Gobierno central comparte el criterio de la Fiscalía y está estudiando la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional para que aclare la cuestión competencial.