La jueza amplía la investigación del 'caso Ayuso': investiga por corrupción y administración desleal
La magistrada estima un recurso de PSOE y Más Madrid y abre una nueva pieza para esclarecer si Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, pudo cometer delitos al usar una empresa pantalla para ocultar pagos del Grupo Quirón
La jueza que investiga el 'caso Ayuso' ha abierto una nueva pieza para esclarecer si Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pudo cometer los delitos de administración desleal y de corrupción en los negocios al usar una empresa pantalla para ocultar pagos del Grupo Quirón, según ha adelantado la Cadena SER y ha podido confirmar EL PAÍS.
La titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha estimado un recurso de PSOE y Más Madrid que consideraba que los hechos desvelados por Hacienda podían tener encaje en otros tipos penales, además del fraude fiscal y falsedad en documento mercantil, por los que la Fiscalía había presentado su denuncia.
La nueva pieza investigará si González Amador pudo utilizar la empresa Priviet Sportive SL, de la que es administrador único, para ocultar pagos del Grupo Quirón y si estos pagos pudieron tener relación con la adjudicación de contratos públicos a la empresa.
La investigación se centrará en el periodo comprendido entre 2017 y 2018, cuando González Amador era director general de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fundescam), una entidad pública dependiente de la Comunidad de Madrid.
En ese periodo, el Grupo Quirón recibió varios contratos públicos de la Comunidad de Madrid por un importe total de más de 100 millones de euros. La Fiscalía sospecha que González Amador pudo utilizar su puesto en Fundescam para favorecer al Grupo Quirón en la adjudicación de estos contratos.
La ampliación de la investigación es un nuevo varapalo para González Amador, que ya está siendo investigado por fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. La nueva pieza podría suponer la imputación de nuevos delitos, lo que complicaría aún más su situación procesal.