Los hechos
La investigación judicial se inició a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que acusa a González Amador de haber defraudado a Hacienda 350.951 euros en la declaración del impuesto de sociedades de 2020 y 2021, y de haber falsificado un documento mercantil.
La petición de las acusaciones particulares
La decisión de la jueza
Sin embargo, la jueza ha rechazado las peticiones de las acusaciones particulares, argumentando que las diligencias solicitadas podrían resultar innecesarias, prospectivas o demasiado complejas y dilatarían el procedimiento en exceso.
Además, la jueza señala que otras diligencias solicitadas pueden considerarse prospectivas, ya que no existen indicios de delitos distintos a los que son objeto del presente procedimiento.
Finalmente, la jueza advierte de que la práctica de las diligencias solicitadas supondría una excesiva complejidad y dilación en el procedimiento, que se alargaría durante varios años, impidiendo el pronto enjuiciamiento de los hechos.