Desde su entrada en vigor en marzo de 2015, la conocida ley mordaza ha generado un total de 1.292 millones de euros en sanciones.
Esta cifra, según datos del Ministerio del Interior, equivale a la partida presupuestaria destinada a investigación científica en los Presupuestos Generales del Estado del año pasado.
Multas por drogas, el grueso de la recaudación
El grueso de la recaudación, un 65% del total, corresponde a delitos relacionados con el consumo o la posesión de drogas, alcanzando los 839 millones de euros. A continuación, se sitúan las multas por infracciones de seguridad ciudadana, con 328 millones de euros (el 25,4%), y las relacionadas con tenencia de armas y explosivos, con 124 millones de euros (el 9,6%).
Preocupación por el carácter punitivo de la ley
Estas cifras han avivado el debate sobre el carácter punitivo de una ley cuya derogación o modificación volverá a estar sobre la mesa en los próximos meses, tras varios intentos frustrados por la falta de consenso entre los socios de Gobierno. La ley, que no incluye las infracciones cometidas en Cataluña, País Vasco y Navarra, plantea dudas sobre su eficacia.
La ley mordaza en cifras
- Desde su entrada en vigor en 2015, se han registrado 2.155.990 multas vinculadas a la ley mordaza.
- El 61% de las multas están relacionadas con el uso, el cultivo, el tráfico o la posesión de drogas.
- El artículo 36.16, que se refiere al consumo o la tenencia de estupefacientes, suma la gran mayoría de las sanciones.
- España es el país que ha impuesto más sanciones administrativas por el uso de cannabis, a pesar de ocupar el cuarto puesto en consumo.
- En España, cualquier consumo de cannabis en lugares públicos conlleva una multa de al menos 600 euros.
Llamamiento a una legislación más pedagógica
Organizaciones sociales han calificado la ley de abusiva y han pedido una legislación más pedagógica que apueste por la responsabilidad individual en lugar de las medidas punitivas. Consideran que la ley es desproporcionada y estigmatiza a los consumidores, en lugar de buscar soluciones.
Posibles cambios en la ley
El último intento de modificar la norma fracasó en la pasada legislatura por discrepancias entre los socios de Gobierno. Sin embargo, fuentes de Izquierda Unida apuntan que hay consenso entre el PSOE y Sumar para modificar el artículo 36.16 y encontrar una fórmula menos punitiva para las infracciones por consumo o tenencia de sustancias como el cannabis.
Diferencias territoriales en la aplicación de la ley
Las cifras de recaudación varían según el territorio, sin incluir las multas de Cataluña, País Vasco y Navarra, donde los cuerpos de seguridad autonómicos gestionan sus propias sanciones. Desde 2015 hasta finales de 2023, Andalucía lidera el ranking con 318 millones de euros recaudados, casi cinco veces más que la Comunidad Valenciana, segunda en la lista con 85 millones.
Preocupación por el uso de la ley contra la libertad de expresión
Los artículos 36.6 y 36.7, que castigan la resistencia, la desobediencia o la falta de respeto a la autoridad, también han generado polémica. Diversos partidos políticos y asociaciones exigen su derogación, ya que consideran que las autoridades pueden abusar de este tipo de sanciones en detrimento de la libertad de expresión y protesta.
La ley mordaza en Cataluña
La aplicación de la ley en Cataluña ha suscitado una reciente controversia. En septiembre de 2023, el sistema cambió para que las multas fueran tramitadas por la Consejería de Interior, en lugar de la propia policía. El gobierno catalán alegó que buscaba paliar algunos efectos de la ley para evitar que los agentes multaran a manifestantes o activistas de forma indiscriminada.
Sin embargo, los sindicatos mayoritarios de policía han denunciado la pasividad y la falta de eficacia en la aplicación de estas multas desde que dependen de Interior. Afirman que desde el cambio, el 81% de los expedientes incoados han caducado, casi cuatro veces más que cuando dependían de la policía autonómica.
La situación de la ley mordaza en España sigue siendo objeto de debate y preocupación. El balance entre garantizar la seguridad y proteger las libertades individuales es un tema complejo que requiere diálogo y consenso.
