La memoria histórica en España, un asunto candente
Tras el acto del presidente del Parlamento balear, Gabrielle le Senne, quien rompió la foto de tres víctimas del franquismo durante un pleno, el tema de la memoria histórica en España vuelve a estar en el punto de mira. Este gesto ha provocado un gran revuelo, ya que se enmarca en un contexto de revisión histórica impulsada por los gobiernos autonómicos donde gobiernan juntos el PP y Vox.
Exposición en Madrid sobre las exhumaciones en Cataluña
En contraposición a esta tendencia revisionista, la Generalitat de Cataluña ha inaugurado en Madrid la exposición "¿Dónde están? 85 años de exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil en Cataluña". Esta muestra pretende visibilizar la labor de las instituciones catalanas en la exhumación de fosas comunes y concienciar sobre la importancia de la memoria histórica.
La exposición, que se puede visitar en la librería Blanquerna del centro de Madrid, recorre la historia de las exhumaciones impulsadas por la Generalitat, desde las primeras llevadas a cabo durante la propia Guerra Civil hasta hitos más recientes como la creación de un censo de desaparecidos en 2003, que actualmente registra a 7.592 personas.
También se muestran un mapa interactivo con datos de hasta 900 fosas comunes y una representación gráfica de una fosa común, con detalles sobre el proceso de búsqueda e identificación de los cuerpos.
Polémicas leyes de concordia
Mientras tanto, los gobiernos autonómicos de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, gobernados por PP y Vox, han sustituido las normativas vigentes sobre memoria histórica por las llamadas "leyes de concordia". Estas leyes se caracterizan por su carácter revisionista y por basarse en premisas falsas, como afirmar que la Guerra Civil no fue consecuencia de un golpe de Estado.
En Aragón, el Gobierno bipartito derogó la ley autonómica de memoria en febrero de 2023. Además, el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha anunciado que Aragón aprobará su propia "ley de concordia" a principios de julio.
Está por ver si Baleares, donde gobierna el PP en solitario, seguirá un camino similar tras la derogación de la ley autonómica de memoria esta semana. Este hecho ha sido llevado a la Fiscalía para estudiar si las acciones del presidente del Parlamento Balear, Gabriel Le Senne (Vox), quien rompió una fotografía de tres víctimas del franquismo, constituyen un delito de odio.
Por otro lado, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado el inicio de los trámites para ilegalizar la Fundación Franco, amparándose en la Ley de Memoria Democrática, que considera la apología del franquismo como causa para extinguir una fundación.
La memoria histórica, un deber para las generaciones futuras
La consejera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat, Gemma Ubasart y González, ha recalcado la necesidad de impulsar y financiar políticas de memoria para "sensibilizar" y "educar" a las generaciones que no vivieron la Guerra Civil, el franquismo o la Transición.
Ubasart ha advertido de que "la internacional del odio" está "más crecida que nunca" y ha enfatizado que "tejer un horizonte de esperanza" es una "obligación" para "combatir la regresión" y "garantizar que no se repetirá la historia".