La oposición judicial prepara recursos legales contra la reforma judicial

La Asociación Mexicana de Juzgadores (AMJ) prepara una serie de medidas legales a nivel nacional e internacional para impugnar la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, según ha anunciado su presidenta, María Emilia Molina.

"Aún hay una serie de medidas legales a nivel nacional e internacional que se usarán contra la reforma judicial del presidente López Obrador".

- María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores

Molina ha acusado al presidente López Obrador de llevar a cabo una "campaña de odio" contra el Poder Judicial, basada en "argumentos falaces" y con el objetivo de "cooptar" al mismo.

Según la presidenta de la AMJ, el mandatario ha realizado más de 200 manifestaciones contra jueces y magistrados en sus conferencias matutinas durante el último año.

Molina ha señalado que la reforma judicial, aprobada por los Congresos federal y locales y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre, podría ser revertida por la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En este sentido, ha pedido a Sheinbaum que reflexione sobre la implementación de la reforma y que elimine los aspectos más controvertidos.

La AMJ ha destacado que la reforma judicial ha generado preocupación entre organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por posibles violaciones a la Constitución.

Puntos clave de la reforma judicial

  • Creación de un Tribunal de Disciplina para jueces y magistrados.
  • Modificación del proceso de selección de jueces y magistrados.
  • Reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La AMJ considera que la reforma empeorará los problemas que pretende solucionar, ya que el Tribunal de Disciplina será un "metatribunal" con "reglas oscuras" que vulnerará la imparcialidad e independencia judicial.

Además, la asociación ha advertido de que la reforma podría traer consigo problemas económicos y de violación a los derechos humanos.