La pareja de Díaz Ayuso intentó desgravarse gastos de unas vacaciones con la presidenta en Croacia y Grecia
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sigue en el ojo del huracán. Según la documentación de Hacienda que forma parte del sumario judicial que investiga a González Amador por dos delitos fiscales y de falsedad documental, este intentó deducirse de sus obligaciones tributarias gastos correspondientes a unas vacaciones en Croacia y Grecia en agosto de 2021 que compartió con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Además, según consta en la web de Transparencia de la Comunidad de Madrid, la presidenta reservó con cargo al erario público la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas para los vuelos de salida y llegada de ese viaje privado y vacacional.
Detalles de los gastos
En concreto, González Amador trasladó a Hacienda el coste del alquiler de dos vehículos en Zagreb y en Creta en agosto de 2021, cuando el empresario se fue de vacaciones durante 11 días con Díaz Ayuso. Las facturas, según la SER, fueron extendidas a nombre de su empresa Maxwell Cremona, con el fin de rebajar la factura con el fisco. En concreto, se pasó el arrendamiento por 1.036,61 euros de un coche en Zagreb entre el 16 y el 22 de agosto de 2021 y de otro en Creta entre el 24 y el 27 de agosto del mismo año.
Por otro lado, Díaz-Ayuso utilizó la Sala de Autoridades del aeropuerto de Barajas para los vuelos Madrid-Zagreb y Atenad-Madrid los 16 y 27 de agosto de 2021, precisamente cuando González Amador recogió y entregó los coches. La reserva de la sala costó 290,4 euros a los contribuyentes.
Contexto
Estos hechos se producen después de que Díaz Ayuso haya afirmado que no pensaba acudir a la reunión convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque este había tildado a su pareja de “delincuente fiscal confeso”. Sin embargo, los documentos de Hacienda ponen de manifiesto que, durante dos años, González Amador engañó a Hacienda declarando gastos por 1,8 millones de euros que le permitieron eludir el pago de 155.000 euros en 2020 y 195.000 euros en 2021, tal y como explicó EL PAÍS el pasado lunes. Esa cantidad está muy por encima de lo que puede considerarse delito fiscal.
Reacciones
Estas informaciones han generado un gran revuelo político y social. La oposición ha pedido la dimisión de Díaz Ayuso, mientras que el PP ha cerrado filas en torno a su presidenta, restando importancia a los hechos y acusando a la izquierda de utilizarlos para atacarla políticamente.