La reforma de la ley de extranjería, a punto de decaer en el Congreso
El PP y Junts confirman su rechazo a la propuesta del Gobierno, que busca hacer obligatorio el reparto de menores migrantes
La reforma de la ley de extranjería, que busca hacer obligatorio el reparto de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas, se encuentra al borde de decaer en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular (PP) y Junts per Catalunya (Junts) han confirmado este martes su rechazo a la propuesta del Gobierno, por lo que salvo sorpresa de última hora, la iniciativa no saldrá adelante en la votación de esta tarde.
La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha criticado duramente la actitud del PP y Junts, acusándolos de "alentar" una "causa política" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su familia, y de "erosionar" al Gobierno progresista. Alegría ha pedido al PP que "asuma" que perdió las elecciones y que "lo que las urnas no le dieron no lo van a conseguir con oscuras maniobras".
El PP y Junts han argumentado que la reforma de la ley de extranjería es "injusta" y "no resuelve el problema de la inmigración ilegal". Han pedido al Gobierno que "retire" la propuesta y que "negocie" con las comunidades autónomas para llegar a un acuerdo.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la reforma de la ley de extranjería como una medida "necesaria" para garantizar la protección de los menores migrantes y para "repartir de manera justa" la responsabilidad de su acogida entre todas las comunidades autónomas.
El reparto de menores migrantes, una cuestión polémica
El reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas es una cuestión polémica que lleva años debatiéndose en España. El Gobierno ha intentado en varias ocasiones aprobar una ley que obligue a todas las comunidades a acoger a un determinado número de menores, pero hasta ahora no lo ha conseguido.
Los defensores del reparto obligatorio argumentan que es una medida necesaria para garantizar la protección de los menores migrantes y para evitar que se concentren en unas pocas comunidades autónomas, como Canarias y Andalucía.
Los detractores del reparto obligatorio, por su parte, argumentan que es una medida injusta que perjudica a las comunidades autónomas que ya acogen a un gran número de menores migrantes. También argumentan que no resuelve el problema de la inmigración ilegal, ya que los menores migrantes seguirán llegando a España a través de las fronteras terrestres y marítimas.