La reforma del Código Penal, un nuevo asalto contra la independencia judicial

La reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno supone un nuevo asalto contra la independencia judicial y el Estado de derecho. Así lo denuncian los principales representantes de la judicatura, que alertan de que las modificaciones introducidas por el Ejecutivo minan la separación de poderes y abren la puerta a la injerencia política en los tribunales.

Las reformas más polémicas

Entre las reformas más polémicas destacan la eliminación del delito de sedición, la rebaja de las penas por malversación y la modificación del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estas medidas han sido duramente criticadas por los jueces, que consideran que debilitan la independencia del poder judicial y ponen en riesgo el Estado de derecho.

La eliminación del delito de sedición ha sido especialmente criticada por los jueces, que consideran que se trata de un delito grave que debe ser castigado con penas proporcionadas. La reforma introducida por el Gobierno supone, en la práctica, la despenalización de la sedición, lo que abre la puerta a que se produzcan nuevos intentos de secesión.

La rebaja de las penas por malversación también ha sido muy criticada. Esta reforma beneficia a los políticos condenados por malversación, como es el caso del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. La reforma supone, en la práctica, una amnistía para los condenados por malversación, lo que envía un mensaje muy peligroso a la ciudadanía.

Por último, la modificación del sistema de elección del CGPJ ha sido también muy criticada por los jueces. El nuevo sistema, que otorga al Gobierno la potestad de nombrar a los vocales del CGPJ, supone un claro ataque a la independencia del poder judicial. El CGPJ es el órgano encargado de garantizar la independencia de los jueces y de velar por el correcto funcionamiento de la administración de justicia. La reforma introducida por el Gobierno pone en riesgo la independencia del CGPJ y, por tanto, la independencia del poder judicial.

Las reacciones de la judicatura

Las reformas introducidas por el Gobierno han generado una gran preocupación entre los jueces. El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha calificado las reformas de "auténtico atropello" y ha alertado de que "ponen en riesgo el Estado de derecho". También el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha criticado las reformas y ha asegurado que "suponen un grave ataque a la independencia judicial".

Las principales asociaciones de jueces también han mostrado su rechazo a las reformas. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha calificado las reformas de "retroceso histórico" y ha asegurado que "ponen en peligro la separación de poderes". La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también ha criticado las reformas y ha asegurado que "suponen una involución democrática".

Las reformas introducidas por el Gobierno suponen un grave ataque a la independencia judicial y al Estado de derecho. Los jueces han mostrado su preocupación por las reformas y han alertado de que ponen en riesgo la separación de poderes. Es necesario que el Gobierno rectifique y retire las reformas introducidas en el Código Penal.

  • La reforma del Código Penal supone un nuevo asalto contra la independencia judicial.
  • Las reformas más polémicas son la eliminación del delito de sedición, la rebaja de las penas por malversación y la modificación del sistema de elección del CGPJ.
  • Los jueces han mostrado su preocupación por las reformas y han alertado de que ponen en riesgo la separación de poderes.