La salud mental, gran asignatura pendiente para los refugiados
María, de 56 años, pasó un mes escondida en la montaña, alimentándose de frutos y hierbas en 1982. Se ocultaba de los militares que sitiaban su hogar, la colonia de Chichupac, en Guatemala, arrasada tras el asesinato de más de 30 indígenas acusados de pertenecer a grupos insurgentes contra la dictadura militar de Efraín Ríos.
María, que pide que no se publique su apellido, tenía 14 años y volvió a la colonia, una comunidad indígena de la etnia maya achí, para recuperar documentos y fotografías de su padre, Patrocinio, uno de los asesinados. Se escondió de los soldados en una zanja improvisada, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que la delataría. Han pasado más de 40 años desde aquello y aún arrastra recuerdos y traumas que no ha podido atender por no acudir a terapia. Tiene dos trabajos y no puede pagarla, ni tiene tiempo.
Sentarse en un diván es un lujo para la mayoría de los que viven en España y más para aquellos que, como María, empezaron de cero en un país nuevo y encadenan trabajos sin lograr salir de la precariedad. Para más de la mitad de la población (57,3%), acudir a un profesional de la salud mental es algo 'económicamente inaccesible', según el último estudio de la Confederación Salud Mental España y la Fundación Mutua Madrileña.