La supremacía constitucional: ¿un conflicto solo con la Corte o también con los ciudadanos?
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, advirtió que la aprobación de la llamada «supremacía constitucional», que busca impedir que las reformas constitucionales puedan ser impugnadas, «ya es contra los ciudadanos».
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Laynez detalló que la aprobación de dicha reforma, propuesta por Morena y sus aliados del PT y PVEM, y que se discute en la Cámara de Diputados, «va más allá» del conflicto del Gobierno con el Poder Judicial.
«Para mí, lo que es verdaderamente importante es que más allá del conflicto con la Corte, esto es desde mi punto de vista, ya es contra los ciudadanos, esto va más allá»
— Ministro Javier Laynez Potisek
El ministro señaló que si la Cámara de Diputados aprueba la propuesta de Morena para modificar los artículos 105 y 107 de la Constitución, dejaría sin efecto a las autoridades judiciales a ejercer amparos.
«Lo que está haciendo la mayoría en el Congreso, es decir, cuando yo toque la Constitución, no hay absolutamente nada que hacer, ni en procedimiento, ni siquiera que se respete la votación, o todo el quorum que debe de asistir o la aprobación de la mayoría, sino en su sustancia en contenido», declaró.
Hasta el momento, en la Cámara de Diputados se discute la reforma de la ansiada «supremacía constitucional».
En una abrupta y ríspida sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, la presión de la oposición obligó a ampliar y posponer para este lunes o hasta mañana martes el debate de las reformas a los artículos 105 y 107 de la Constitución, para garantizar y blindar la «impugnabilidad» de las reformas constitucionales.
El proyecto de reforma a los artículos 105 y 107 avanzó con la mayoría oficialista en comisiones, en medio de una polémica desatada desde su origen por reforzar la soberanía del Poder Legislativo frente al Judicial y las calificaciones de impulsar una supremacía constitucional.
La medida también surge como mecanismo para blindar reformas constitucionales recién aprobadas por la mayoría oficialista en el Congreso de México, como la que ha recibido al menos dos suspensiones por jueces federales y otras en el tintero, como la eliminación de órganos autónomos, en medio de acusaciones contra el Poder Judicial de ser corrupto y no imparcial.
De aprobarse, esta reforma representaría un cambio significativo en el sistema jurídico, limitando las vías legales para impugnar las decisiones del Congreso y reforzando el control del poder legislativo sobre las reformas constitucionales.
(Información de Víctor Chávez y EFE)
