La UBA rechaza las revisiones de la SIGEN: \"Sí a las auditorías, no a la intervención del Ejecutivo\"

Antecedentes

La polémica entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Ministerio de Capital Humano vuelve a encenderse. Luego de que este último ratificara la legalidad de las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a las universidades nacionales, la UBA emitió un comunicado en el que rechaza esta intromisión y anuncia que llevará el caso a la Justicia.

Argumentos de la UBA

La UBA sostiene que la SIGEN no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales, ya que la Constitución solo le otorga funciones de control interno al Poder Ejecutivo. A su vez, alega que las universidades son autónomas y no dependen del Ejecutivo.

Además, la universidad afirma que la SIGEN no aporta transparencia, ya que no publica sus informes ni brinda información a la ciudadanía sobre sus actividades de control. Por lo tanto, su labor no contribuye a la transparencia pública del Estado.

Por último, la UBA acusa al Poder Ejecutivo de tener intenciones ideológicas detrás de estas auditorías, con el fin de controlar los contenidos académicos y la libertad académica.

Posición del Ministerio de Capital Humano

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano ratifica la legalidad de las auditorías, argumentando que son necesarias para garantizar la regularidad financiera y la legalidad en el uso de los recursos públicos. Además, sostiene que no existe colisión entre la autonomía universitaria y la competencia de control de la SIGEN.

El ministerio asegura que el control de la SIGEN es fundamental para prevenir maniobras que desvíen el dinero público a fines no deseados. También destaca que la falta de control posibilita que los fondos destinados a las universidades sean utilizados para fines distintos a los asignados.

Próximos pasos

Ante la negativa de la UBA a aceptar las auditorías, el Ministerio de Capital Humano anunció que avanzará con la revisión de cuentas de 61 universidades nacionales públicas, para lo cual revisará 2.200 convenios con otras dependencias del Estado o empresas públicas.

Por su parte, la UBA decidió llevar la controversia a la Justicia para determinar quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios.