Desde enero, las bibliotecas públicas de la Comunidad Valenciana no compran libros

Las cuatro grandes Bibliotecas Públicas del Estado en la Comunidad Valenciana, propiedad del Gobierno central y gestionadas por la Generalitat, no han comprado ni un solo libro desde mediados de enero. Una situación insólita.

El bloqueo de fondos

Anteriormente, los profesionales de las bibliotecas de Valencia (Pilar Faus, en la calle Hospital), Alicante (Azorín, en el paseíto de Ramiro), Castellón (en la calle Rafalafena) y Orihuela (Fernando de Loazes, en la plaza Ramón Sijé) adquirían, con el presupuesto propio y con una periodicidad semanal en la mayoría de los casos, las novedades más importantes del mercado para completar su colección, satisfacer las peticiones de los lectores (la llamada desiderata) o suministrar obras a los numerosos clubes de lectura de los centros.

Sólo la popular y céntrica Biblioteca Pública de Valencia, emplazada en un antiguo hospital renacentista, recibe al año 240.000 visitas y realiza 130.000 préstamos, según el balance oficial de 2022. Su gasto anual para la compra de libros se acercaba a los 50.000 euros.

La consejería de Cultura, que dirige el también vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Barrera, de Vox, dio instrucciones a principios de año de que no se podía seguir comprando libros con el mismo sistema por una cuestión administrativa, pero no arbitró ninguna nueva fórmula de adquisición, por lo que la renovación de los fondos se ha bloqueado durante todo lo que lleva este 2024.

Consecuencias del bloqueo

Esta inacción también repercute en el delicado entramado comercial de las librerías, donde se adquieren las obras. Hay facturas sin pagar a varios establecimientos.

El flujo de novedades, por otro lado, permite atraer a nuevos lectores a las bibliotecas públicas.

Fuentes del sector del libro expresan su perplejidad por la situación y sobre todo por la ausencia de una alternativa por parte de la Generalitat, gobernada por el PP y Vox desde el pasado mes de julio, para solucionar el problema administrativo y sospechan que se trata de falta de interés o desidia.

En este sentido, rechazan que haya un intento de control de títulos en la compra de libros y obras por parte de la Consejería, como ha sucedido en la biblioteca municipal de Burriana (Castellón), tras acceder la formación de extrema derecha a la concejalía de Cultura de acuerdo con el pacto de gobierno alcanzado con los populares.

El sindicato autonómico Intersindical ha solicitado por registro a la dirección general de Función Pública de la Generalitat información sobre el “funcionamiento anormal” del servicio del libro y de bibliotecas, cuya jefatura desempeña Lucía Martí.

Las mismas fuentes inciden en que las cuatro Bibliotecas Públicas del Estado, que funcionan en la práctica como centros de ámbito provincial, junto con las numerosas bibliotecas municipales, que organizan también numerosas actividades más allá del préstamo de libros, conforman la principal y más accesible red de acceso a la oferta cultural de España, si bien con frecuencia su labor es postergada o pasa desapercibida en comparación, por ejemplo, con la desarrollada por otras instituciones, como los museos, y por actividades de mayor impacto mediático.

Falta de una solución

Fuentes de la consejería de Cultura explican que “desde enero del año en curso, se han dejado de adquirir novedades por razones de gestión económico-administrativa para acometer nuevas compras, siguiendo las instrucciones por parte de la Intervención de la Generalitat relativas al procedimiento de compra de libros regulado por las leyes vigentes actuales, que comportan la necesidad de instrumentalizar los mecanismos adecuados para que se puedan efectuar dichas compras”.

“Una medida necesaria ya que el procedimiento que realizaba el equipo de gobierno anterior tuvo las observaciones negativas de la intervención”, añaden.

Desde la dirección general de Cultura, afirma la Consejería, “se está trabajando en la tramitación del instrumento contractual apto que responda a los nuevos requisitos procedimentales derivados de la actual situación para que, a la mayor brevedad, sea posible de nuevo la agilidad en la continuidad de las compras de novedades por parte de las bibliotecas y asegurar a los usuarios la mejor calidad en la selección de las adquisiciones con el fin de ofrecer la colección bibliográfica deseable”.

En un principio, desde la consejería se apuntó a que el problema podía derivar de un cambio en el proceso de compra por parte del Gobierno central. Fuentes del ministerio de Cultura incidieron a este periódico que “la competencia en materia de bibliotecas es exclusiva de las comunidades autónomas”, como se establece, en este caso, en el Estatut d’Autonomia de la Comunidad Valenciana.

“Las Bibliotecas Públicas del Estado (BPE) son de titularidad estatal y gestión exclusiva autonómica. Ello implica que corresponde a las comunidades autónomas el personal bibliotecario, el mantenimiento y los fondos bibliográficos (adquisición, préstamo, etc.), a lo cual destinan sus propios presupuestos”, añaden.

El ministerio de Cultura recuerda también que “con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, transfirió 10 millones de euros para compra de libros en bibliotecas públicas a las CCAA en 2021 (cuyos criterios se aprobaron en la Conferencia Sectorial de Cultura). En concreto, a la Comunidad Valenciana se le transfirieron 920.737 euros para la compra de un mínimo de 41.000 libros (en el conjunto de España fueron 450.000 libros)”.

E indica que el último informe de seguimiento de ejecución de este proyecto elaborado por la propia Generalitat que ha recibido el Ministerio de Cultura (fechado en junio de 2023), señalaba que la Generalitat había ejecutado 559.000 euros y había comprado aproximadamente 37.400 libros”. El Gobierno cuenta con 53 Biblioteca Públicas del Estado.