Las leyes de memoria, en riesgo por la ofensiva de PP y Vox
Las leyes de memoria histórica están siendo atacadas por los gobiernos autonómicos del PP y Vox, lo que ha generado preocupación entre expertos y familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La derogación de la ley en Aragón
En Aragón, la derogación de la ley de memoria ha tenido consecuencias inmediatas. Se ha suprimido la Comisión Técnica de Memoria, así como el censo, el inventario de lugares y el centro de investigación de la Memoria. Además, se suprimirán los elementos de identificación, interpretación, señalización y difusión previstos en la ley derogada y se borrará el “portal institucional” del Gobierno autonómico sobre la materia.
Uno de los aspectos más delicados es la educación. Según el PP y Vox, los jóvenes están recibiendo en las escuelas una interpretación “sesgada” de la historia. Al derogar la ley de memoria aragonesa, se especifica que se cancelarán o sustituirán “las actuaciones en el ámbito educativo” previstas en la norma y referentes a “la historia de Aragón y la relevancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Constitución española”.
Las posibles consecuencias
Los expertos advierten que la derogación de las leyes de memoria podría tener graves consecuencias para la recuperación de la memoria histórica y la reparación de las víctimas. Francisco Etxeberria, forense que ha participado en la recuperación de restos de más de 500 fosas de la Guerra Civil, afirma que “con voluntad política, en algo más de una legislatura, este problema podía haber quedado resuelto”. Sin embargo, ahora “todo se retrasa porque la ley estatal sigue vigente en todo el territorio, pero con el apoyo de las comunidades todo iba mucho más rápido”.
Etxeberria también destaca que la mayoría de las solicitudes de exhumaciones corresponden a víctimas del bando perdedor de la guerra, pero que cuando ha habido alguna petición de descendientes del bando ganador, “la Secretaría de Estado de Memoria ha facilitado la financiación y los medios”.
El Gobierno recurrirá
El Gobierno central ha anunciado que recurrirá la derogación de la ley de memoria de Aragón y procederá del mismo modo con las anunciadas leyes de concordia en la Comunidad Valencia y Castilla y León. El titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, considera que estas iniciativas “invaden el derecho internacional y vulneran la defensa de los derechos humanos”.
La ley que regula el Tribunal Constitucional establece un mecanismo para resolver discrepancias entre Administraciones y evitar la interposición del recurso ante el tribunal de garantías. En cinco meses de legislatura, el Gobierno ha llegado a 28 pactos con las autonomías para evitar acudir al Constitucional.
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