Las ocupaciones ilegales en España siguen siendo un problema preocupante
En 2023, y según los datos del Ministerio del Interior, se registraron 15.289 denuncias por ocupación ilegal en España. Si bien esta cifra representa un descenso del 8,8% respecto al año anterior, cuando se registraron 16.765 denuncias, sigue siendo un dato preocupante ya que supone una media de 42 ocupaciones diarias.
Comunidades autónomas con mayor número de denuncias
Siete comunidades autónomas registraron un aumento en el número de denuncias: Asturias (29,4%), La Rioja (15,6%), Cantabria (14,5%), Canarias (14,4%), Ceuta (12,5%), Euskadi (11,8%), Galicia (11,6%) y Aragón (9%)..
Comunidades autónomas con menor número de denuncias
En el otro extremo, las comunidades autónomas donde más disminuyeron las denuncias fueron Murcia (-31,5%), Navarra (-26,5%) y la Comunidad Valenciana (-19,1%). Les siguen Castilla-La Mancha (-12%), Cataluña (-10,6%), Andalucía (-7,2%), Castilla y León (-5,3%), Baleares (-2,4%), Extremadura (-1,3%) y Madrid (-0,1%).
Plazos para desalojar a un okupa
En cuanto a los plazos para desalojar a un okupa, si echamos la vista atrás, a 2018, entonces el tiempo medio se situaba entre los 11 y los 12 meses. Sin embargo, desde entonces, este periodo se ha ido alargando, llegando casi a los dos años a finales de 2023 (23,2 meses).
El periodo medio de los procedimientos posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción de lo Civil fue de 12 meses (10,6 meses en 2022).
Si sumamos las apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales en procedimientos civiles, hay que añadir otros 11,2 meses. De ahí el resultado final de 23,2 meses para desalojar a un okupa.
Recomendaciones de la Policía Nacional
Ante esta situación, la Policía Nacional dispone de un manual en el que se explica cómo actuar ante la ocupación ilegal de viviendas. Lo primero que hay que hacer es llamar al teléfono 091, un hecho que pueden realizar no solo los propietarios, sino también los vecinos o cualquier otra persona que sea testigo de la ocupación.
Para los propietarios, la Policía recomienda anotar los datos personales de los testigos que hayan contemplado la ocupación. Asimismo, recalca que el propietario no debe cortar los suministros (luz, agua y gas) ni impedir la entrada a quienes hayan ocupado la vivienda una vez se haya producido la ocupación. La razón es que dichas conductas, de llevarse a cabo, podrían constituir un delito.
Para los vecinos, la Policía aconseja evitar los enfrentamientos con las personas que han ocupado el inmueble. Si es posible, añade, “grabe la ocupación desde un lugar seguro”. Y que avise al propietario de la vivienda.
La Policía Nacional también establece una serie de medidas de seguridad para prevenir las ocupaciones ilegales. Entre ellas, destaca cerrar la puerta con llave, aunque la ausencia sea muy breve; intercambiar medios de contacto con los vecinos para ser avisados en casos de intento de ocupación; no publicar en redes sociales los planes de vacaciones; instalar medidas de seguridad en los accesos a la vivienda, como puertas de seguridad o rejas en las ventanas; colocar cámaras de seguridad en lugares con buena iluminación; y no dejar señales visibles que muestren ausencia.