Mientras los dirigentes provisionales de ERC someten a votación de su militancia el acuerdo con el PSC para investir a Salvador Illa, que implicaría modificar el modelo de financiación autonómica, las bases del PSOE y algunas federaciones autonómicas del partido se enteran a través de la prensa del precio que los independentistas han establecido —y los socialistas han aceptado— para que, por tercera vez, uno de los suyos lidere la Generalitat de Catalunya. Los dirigentes de ERC han hecho campaña por el "sí" en los últimos días, pero los del PSOE, empezando por su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han esquivado hasta ahora las preguntas que solicitaban detalles sobre las consecuencias de este acuerdo, con la intención, difícil de disimular, de ganar tiempo y no herir sensibilidades (las de ERC).

La estrategia funcionó, aunque el ajustado resultado de la votación (53,5% a favor y 44,8% en contra, con una participación del 77%) demuestra que entre las bases de Esquerra todavía hay muchas dudas y desconfianza. Y el tiempo de las respuestas evasivas del Gobierno se agota. Moncloa optó por la estrategia de sopesar cada palabra de las explicaciones sobre el pacto para facilitar el voto de la militancia de ERC. Fuentes del Gobierno aseguran que, una vez acordada la investidura, el Ejecutivo llevará a cabo la pedagogía que le ha faltado hasta ahora sobre el concierto económico para Catalunya, que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartaba públicamente hasta hace poco. Y que ha suscitado las críticas de varios barones socialistas.

Las bases del PSOE, en contra

El Ejecutivo se conjuró para no interferir en la votación de las bases de ERC. Ante las repetidas preguntas de los periodistas, la ministra portavoz, Pilar Alegría —una de las que había rechazado con firmeza la idea del concierto para Catalunya— se negó a aclarar el martes siquiera si suscribían el contenido de ese preacuerdo con ERC —"por respeto" a los partidos que habían intervenido en la negociación, dijo—; aunque les parecía una "noticia extraordinaria", "el triunfo de la política", el "revolucionario" resultado del "diálogo" entre diferentes. Sánchez también prefirió desviar la atención de la contrapartida y centrarse en la recompensa, la investidura de Illa con los votos de un partido independentista, es decir, el fin del procés.

En este empeño, el Gobierno comprometió su coherencia y sacrificó la cohesión interna de los socialistas, porque el malestar y las dudas en el PSOE se extienden, por el fondo y las formas de ese acuerdo, mucho más allá de los críticos habituales, como el presidente de Castilla-La Mancha, del que Sánchez se burló: "La noticia sería que Emiliano [García-Page] convocara una rueda de prensa para apoyar al Gobierno", dijo.

El obstáculo de las bases de ERC

En el largo camino de obstáculos hasta la ejecución de ese preacuerdo que se hizo de rogar —han pasado más de cuatro meses desde las elecciones a la presidencia de la Generalitat—, el primero era el visto bueno de las bases de Esquerra. Y el tropiezo no solo era posible, sino probable, cuando el partido independentista está pendiente de un congreso para resolver su liderazgo y acaba de avergonzarse al descubrir que la infame campaña contra los Maragall burlándose de la enfermedad más cruel, el alzhéimer, había salido de sus filas.

Conscientes de la delicada situación de su posible socio de investidura en Catalunya, el Gobierno y el PSC habían dejado deliberadamente que ERC vendiera el contenido del acuerdo y, por lo tanto, se apropiara del famoso relato, esa herramienta a la que los políticos recurren para intentar convencer a la opinión pública de que han tomado una decisión controvertida por un bien mayor. La votación de las bases de Esquerra pone fin a esta fase de explicaciones unilaterales. El Ejecutivo, el PSC y el PSOE deberán aclarar a partir de ahora si comparten al 100% el contenido de ese preacuerdo o si pretenden modificarlo, valiéndose de las garantías incluidas en el texto, para empezar, la necesaria modificación de la ley que regula la financiación autonómica, la LOFCA, que requiere una mayoría parlamentaria que hoy no está ni mucho menos garantizada.

Superado el trámite necesario para obtener el visto bueno de ERC, queda lo más difícil: las toneladas de pedagogía que serán necesarias para, o bien explicar el penúltimo cambio de opinión del Gobierno, o bien convencer a ERC de que razones de fuerza mayor les impiden cumplir al 100% el contenido de ese acuerdo, como advirtió Junts.

Cuando el partido de Puigdemont advirtió del riesgo de convertir en presidente de la Generalitat a "un españolista", no solo estaba enviando un mensaje a Esquerra, su rival en Catalunya, sino también al presidente del Gobierno, cuya investidura apoyó en Madrid. Sus siete votos suben de precio a partir de hoy.

Análisis de la situación